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ARTÍCULO
ECONOMÍA
Los mercados, los gobiernos y sus fracasos
Luis M. Linde
TÉCNICO COMERCIAL Y ECONOMISTA DEL ESTADO
nº 157 · enero 2010
Charles K. Rowley y Nathanael Smith
ECONOMIC CONTRACTIONS IN THE UNITED STATES: A FAILURE OF GOVERNMENT
The Locke Institute/The Institute of Economic Affairs, Fairfax (Virginia)
Richard Posner
A FAILURE OF CAPITALISM: THE CRISIS OF ’08 AND THE DESCENT INTO DEPRESSION
Harvard University Press, Cambridge y Londres

En su obra clásica sobre los ciclos económicos, Prosperidad y Depresión (publicada, por encargo de la Sociedad de Naciones, en 1937, en plena Gran Depresión)1, Gottfried Haberler (1900-1995) decía que la palabra «crisis» tiene dos sentidos en la teoría de los ciclos económicos: en sentido técnico, denota el punto de inflexión «que marca el paso de la prosperidad a la depresión», mientras que en el sentido del lenguaje cotidiano «denota un estado de tensión financiera aguda, pánico, retiradas masivas de depósitos por los clientes de los bancos […] bancarrotas», y añadía: «una crisis en sentido técnico –el paso de la prosperidad a la depresión– viene normalmente acompañada por una “crisis” en el sentido del lenguaje cotidiano»2.
La crisis financiera que estalla en Estados Unidos en 2007 y se transmite a Europa, Japón y al conjunto de la economía internacional en 2008 encaja sin dificultad en el modelo dibujado por Haberler hace setenta años: es una crisis financiera con pánicos bancarios, bancarrotas, disminución brusca en los flujos de crédito, que lleva a muchos países, incluidos los más desarrollados, de la euforia y la prosperidad al pesimismo y la contracción económica, naturalmente, con diferencias: por ejemplo, los sistemas financieros de los que hablaba Haberler en 1937 y los de las tres décadas siguientes no tenían los mercados de derivados financieros o los mecanismos de titulización de activos bancarios que existen actualmente y que juegan un papel tan importante.
Un buen número de economistas y escritores políticos, algunos de primera fila3, creen que esta crisis va a traer cambios en el paisaje capitalista y que en el futuro viviremos en un capitalismo más intervenido, lo que, recuperando vieja terminología, algunos llaman «capitalismo de Estado»4. Las preguntas que dan paso a esa expectativa serían: ¿qué ha fallado, o qué ha fallado más: los gobiernos y sus regulaciones, o los mercados y la libertad económica? ¿Hemos dado, al enfrentarnos a esta crisis, pasos importantes hacia ese «capitalismo de Estado», «capitalismo administrado», o afirmar esto es exagerado y, en realidad, estamos donde estábamos?
A finales de 2009 han aparecido ya varios libros muy estimables, tanto para especialistas como para el gran público, sobre la crisis, su gestación, su desarrollo y sus posibles consecuencias5. Uno de los más interesantes, sensacional en términos académicos y políticos, ha sido el de Richard Posner, A Failure of Capitalism: The Crisis of ’08 and the Descent into Depression (Un fallo del capitalismo: la crisis de 2008 y la caída en la depresión). Posner, una muy respetada figura del mundo judicial y académico norteamericano, dedicado desde hace décadas al análisis económico de las leyes y alineado siempre con los defensores del mercado y del laissez-faire, proclama que, en su opinión, la crisis actual es un fallo de la desregulación financiera, una demostración de la falta de eficiencia de los mercados, en suma, un fallo del capitalismo que justifica la intervención de los poderes públicos en medida mucho mayor de la que antes él podía aceptar o defender: un Posner keynesiano e intervencionista es difícil de imaginar para los que han seguido su carrera académica y judicial.
Economic Contractions in the United States: A Failure of Government (Contracciones económicas en los Estados Unidos: un fallo del gobierno) es una muy respetuosa respuesta a Posner fundamentada en la teoría de la «elección pública» que estudia, utilizando el análisis económico6, las instituciones políticas y la actuación de los políticos y de las burocracias en los sistemas democráticos. Sus autores, Charles Rowley y Nathanael Smith7, creen que la crisis ha puesto en evidencia los fallos de las intervenciones de los gobiernos, no de los mercados, e intentan presentar una defensa políticamente realista del capitalismo del laissez-faire, alejada tanto de lo que llaman el «keynesianismo hidráulico» –el intervencionismo basado en las ideas keynesianas más simples sobre el manejo del gasto público y sus efectos sobre la actividad y el empleo– como de la defensa del mercado y del capitalismo que no tiene en cuenta las restricciones del mercado político (para simplificar, las posiciones que suelen asociarse a la «Escuela austríaca» de economía).
Sea cual sea nuestra simpatía por una u otra posición, parece que lo primero debe ser intentar precisar y entender lo ocurrido. Y lo ocurrido incluye tanto la propia crisis y sus manifestaciones en los mercados como la respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales que, seguramente, nos dice tanto o más sobre el futuro de nuestro capitalismo como la propia crisis.

LAS EXPLICACIONES SOBRE LA CRISIS

Las explicaciones acerca de cómo se alimentaron los desequilibrios económicos y financieros que explotan en 2007-2008 pueden agruparse en dos o, quizá, tres familias. Se presentan por separado, pero pueden considerarse conjuntamente, al menos, en algunos de sus componentes.
La primera, la más «popular», subraya el papel de la deficiente regulación o desregulación imprudente del sistema financiero, que habría tenido, entre otras, dos consecuencias: por un lado, el aumento excesivo, en algunos casos disparatado, de lo que traduciendo del inglés se llama en español «apalancamiento» («leveraging», la relación entre deuda o recursos ajenos y capital o recursos propios) de muchas empresas, financieras y no financieras, haciendo muy frágil su posición de liquidez y solvencia; por otro, la emisión (creación) y distribución a entidades de variado tipo y a particulares, mediante mecanismos de titulización (títulos emitidos con la contrapartida de activos bancarios), de activos de muy mala calidad (es decir, activos financieros con alta probabilidad de resultar fallidos), frecuentemente con las bendiciones de las agencias de calificación de riesgos (agencias de rating) más prestigiosas del mundo y mediante mecanismos que descargaban, al menos aparentemente, o temporalmente, a los bancos de sus riesgos y los convertían en comisionistas más que en tomadores de tales riesgos.
Esta familia de explicaciones apunta a lo que se considera que son las raíces políticas de la crisis: el triunfo de las ideas más promercado y más contrarias a las intervenciones y regulaciones públicas tras la llegada al poder del presidente Reagan en 1980. Sin embargo, como ha señalado Posner8, sería una invención atribuir este movimiento de desregulación al partido republicano o, en general, a la derecha política de Estados Unidos; en realidad, fue un movimiento de los dos grandes partidos, iniciado en la época de Reagan, pero completado y profundizado durante los dos mandatos del presidente Clinton y sus administraciones demócratas, alguno de cuyos más firmes defensores (como Larry Summers) forman, hoy, parte de la Administración del presidente Obama.
La segunda familia de explicaciones tiene dos subfamilias, que aparecen como adversarias o excluyentes, aunque no dejan de tener puntos de contacto. La primera apunta a la política monetaria supuestamente laxa seguida por el banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (en adelante, FED), que empezó a aplicarse –hay que decir que con aplauso general– en 1995 y se acentuó a partir de 1998 para hacer frente a la crisis asiática y rusa y, aún más, después de 2001, para intentar superar el bache económico que siguió a los atentados del 11-S. Esta política relajada habría sido envolvente y desencadenante de la burbuja de precios inmobiliarios, materias primas y activos financieros entre 2002 y 2007. Muchos creen que lo anómalo de la expansión de 2002-2007 no fue que aparecieran burbujas de precios de activos –en particular la gran burbuja inmobiliaria, continuación de la «exuberancia irracional» de la Bolsa a la que se refirió Alan Greenspan en 1996–, sino lo que tardaron en aparecer esos fenómenos y la ausencia de tensiones inflacionistas.
La segunda apunta a los desequilibrios internacionales (el déficit corriente en Estados Unidos y el superávit corriente en China y otros países asiáticos) como motor de las burbujas y, en último extremo, causantes de la crisis. Según esta explicación, que es la del propio Greenspan y sus defensores, la política monetaria que aplicó la FED no fue laxa y el factor que, en último extremo, puede explicar lo ocurrido es el desequilibrio externo (enorme superávit corriente de balanza de pagos) de China, embarcada durante los últimos diez años en una política de acumulación de capital y crecimiento acelerado apoyada en la contención del consumo, en altísimas tasas de ahorro9 y en las exportaciones, todo ello facilitado por una política de tipo de cambio depreciado de la moneda china, el yuan, frente al dólar estadounidense.
No parece difícil entender la lógica de la primera familia de explicaciones. Si la regulación no controla las imprudencias y la codicia de gestores y directivos que les llevan a realizar operaciones de alto riesgo (el crecimiento de las hipotecas «basura» es el ejemplo más citado), si la regulación es inadecuada, si hay incompetencia o, incluso, connivencia con todo eso por parte de los supervisores de los países con sistemas financieros más desarrollados, ¿qué tiene de raro que se haya producido una cadena de insolvencias, quiebras, etc., y que esto haya llevado, dadas las interconexiones que existen entre los diferentes componentes y agentes del sistema financiero internacional, a una crisis global?
Pero la segunda es otra cosa, la cadena de causas y consecuencias es más larga e indirecta, ya sea en la variante que atribuye la responsabilidad de la crisis a la política excesivamente relajada de la FED, como en la que apunta a los grandes desequilibrios económicos de China y otros países. Porque, ¿qué tiene que ver la política de la FED o la tasa de ahorro de la población china y las exportaciones chinas con el desastre de las hipotecas basura en Estados Unidos? ¿Y con la crisis de la mayor aseguradora del mundo, la norteamericana AIG, salvada de la quiebra por la intervención masiva del Tesoro estadounidense, o con la quiebra de Lehman Brothers o con la crisis de Bank of America o de Citibank? ¿Cuáles son las conexiones entre estos fenómenos? Para intentar responder con alguna precisión tenemos que dar marcha atrás y aburrir al lector con unas cuantas cifras.

CHINA Y LA GLOBALIZACIÓN

En 1999-2008, el déficit corriente (el saldo de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, más el saldo de transferencias y rentas pagadas al exterior y recibidas del exterior) acumulado en la balanza de pagos de Estados Unidos sumó 5,6 billones de dólares (de los cuales, 1,7 billones, el 31%, se generó en transacciones con China); las compras por residentes norteamericanos de activos en el exterior (tanto activos financieros como inversión directa) sumaron 6,2 billones de dólares; en total, por ambos conceptos, un déficit de 11,8 billones de dólares que fue financiado por las entradas de capital que Estados Unidos recibió del exterior. De esas entradas, ¿qué parte corresponde a China? Para responder a esta pregunta tenemos que ir a la balanza de pagos de China.
La balanza de pagos de China durante el decenio 1999-2008 puede resumirse en tres cifras: 1) el superávit corriente, que fue 1,4 billones de dólares (billones latinos, millones de millones, lo que en inglés norteamericano llaman «trillions»); 2) el superávit de la cuenta financiera y de capital, que sumó 0,4 billones, y 3) la contrapartida de la suma de los dos saldos anteriores, el incremento en las reservas oficiales de divisas (principalmente, en dólares estadounidenses, pero también en euros y yenes), que fue de 1,8 billones de dólares10.
Entre 1999 y 2008 China aumentó sus tenencias de títulos públicos de Estados Unidos (emitidos por el Tesoro y otras entidades oficiales) en 668.000 millones de dólares11 (el 43% de todas las compras netas de títulos públicos norteamericanos hechas por otros países en ese período), pasando de unas tenencias, a comienzos de 2000, de 59.400 millones de dólares a 727.400 millones en diciembre de 200812; a esa cifra podrían añadirse los 80.000 millones de dólares de títulos públicos mantenidos a finales de 2008 por la Autoridad Monetaria de Hong Kong, por lo que China es, sin duda, el primer comprador de deuda pública de Estados Unidos.
Si a los 668.000 millones de dólares de compras de títulos públicos de Estados Unidos sumamos los 725.000 millones de compras de títulos y activos norteamericanos emitidos por el sector privado (los datos se refieren siempre al período 1999-2008) llegamos a 1,4 billones de dólares, lo que significa que China dedicó más del 75% de su superávit corriente y de capital (1,8 billones) a financiar el 12% del total del déficit corriente y salidas de capital de Estados Unidos en ese período (11,8 billones de dólares). La «responsabilidad» de China (y de otros países asiáticos y de los Estados árabes productores de petróleo) en la crisis vendría, así, de su papel como muy importante «suministrador» de ahorro a Estados Unidos. Para Greenspan y otros analistas, sin este ahorro exterior sería imposible explicar la evolución de los tipos de interés en la economía norteamericana, motor de la burbuja hipotecaria que fue clave en la formación y en el estallido de la crisis.
A la vista de las cifras, no parece razonable sostener que el ahorro exterior y, en primer lugar, el de China, no tuvo impacto alguno conteniendo los tipos de interés. Pero esto no demuestra que la política monetaria que aplicó la FED en esos años no contribuyese también a ese resultado, es decir, no nos dice nada sobre el grado de laxitud monetaria que aceptó o impulsó Greenspan, sobre todo a partir de 200113.

LA RESPONSABILIDAD DE LA RESERVA FEDERAL

¿Fue laxa la política monetaria de la FED entre 2001 y 2005? Si la respuesta es sí, dos preguntas más. ¿Esa relajación fue el resultado de decisiones de la FED o de factores fuera de su control? Y la segunda: ¿en qué medida contribuyó esa laxitud, voluntariamente buscada o resultante de fuerzas fuera del control de la FED, a la burbuja inmobiliaria norteamericana y al estallido de la crisis financiera global?
En principio, el indicador del grado de relajación o tensión que la autoridad monetaria quiere mantener en su política viene dado por el tipo de interés que aplica a las operaciones de suministro de liquidez al sistema bancario. También, en principio, tipos de interés más bajos se consideran política monetaria más relajada que tipos de interés más altos. Pero el impacto de la relajación sobre la actividad y los mercados puede ser diferente en unos casos y en otros.
Si los tipos de interés nominales, empezando por los tipos de las operaciones de suministro de liquidez del banco central, son muy bajos, cercanos a cero, pero, a la vez, hay expectativas de caídas de precios, es decir, de deflación, entonces una política monetaria nominalmente relajada (el banco central suministra liquidez barata) no lo será por su impacto real; no podrá estimular la actividad y el empleo porque los tipos de interés reales serán altos, puesto que deben sumar al tipo nominal la tasa esperada de caída de precios14 . Este fue, aproximadamente, el caso de la Gran Depresión de 1930-1932, cuando los tipos de interés nominales eran bajos, pero los agentes económicos percibían que los tipos de interés reales se mantenían altos debido a las expectativas deflacionistas15.
Análogamente, si los tipos de interés nominales son altos, pero existen expectativas inflacionistas fuertes, los tipos de interés reales pueden ser bajos o, incluso, negativos (hay que restar la tasa esperada de inflación al tipo nominal) y la política monetaria, que pretende ser contractiva, no conseguirá moderar la demanda de crédito y la actividad, puesto que los tipos de interés reales seguirán siendo bajos y favorables a los deudores y a las empresas.
Dicho lo anterior, es cierto que los tipos de interés nominales se mantuvieron muy bajos en la economía norteamericana entre 2001 y 2006. Si tomamos, por ejemplo, el tipo de los fondos federales16, que es el tipo de interés objetivo de la política monetaria17, nos encontramos con que en 2002-2004 el tipo efectivo medio se situó por debajo del 2%; de hecho, el objetivo de la FED entre julio de 2003 y junio de 2004 fue el 1%, el más bajo desde 1961.
En el período 2001-2005, todos los tipos de interés, incluyendo los tipos de la deuda pública a todos los plazos y los tipos del mercado hipotecario, estuvieron en niveles nominales muy bajos, no vistos desde comienzos de los años sesenta. Aunque la inflación se mantuvo en tasas muy moderadas y estables (en el entorno del 2,5% a lo largo del decenio 1995-2005), algunos instrumentos financieros llegaron a tener tipos de interés reales negativos (por ejemplo, la deuda pública con vencimiento hasta cinco años tuvo en 2002-2004 tipos de interés nominales inferiores a la tasa de inflación). Se produjeron algunos desfases –los tipos de interés de los bonos del Tesoro y otros instrumentos no subieron lo esperado cuando la FED empezó a subir sus tipos a partir de junio de 2004–, dando lugar a lo que se conoció entonces, debido a una expresión que él mismo utilizó, como el «Greenspan’s Conundrum»18, el «enredado misterio de Greenspan», pero el ajuste se produjo después: aun con desfases, irregularidades y alguna inconsistencia, los tipos de interés siguieron el movimiento de rebaja de tipos de la FED entre 2000 y 2003 y, después, el de alza de tipos, entre 2004 y 2006.
Juzgada por la evolución de los tipos de interés, no cabe duda de que entre 2000 y 2005 la política de la FED puede considerarse relajada. Pero, ¿fue esta política, impulsada por Greenspan (y por su sucesor, Bernanke, cuando era presidente de la FED de Nueva York) para superar el amago de recesión posterior a los atentados de septiembre de 2001, la causa, o una de las causas, de la burbuja inmobiliaria y de otros activos y de la acumulación de insolvencias hipotecarias, antesala de la explosión de 2008?
La defensa de Greenspan es sostener que no puede explicarse la evolución del mercado hipotecario norteamericano entre 2002 y 2005 a partir de la política de tipos de interés bajos aplicada por la FED. Para Greenspan, es ridículo sostener que el tipo de interés de los fondos federales, que es a cortísimo plazo, el tipo que se denomina en inglés overnight, literalmente, «por una noche», que es el que controla la FED, tuvo una influencia determinante sobre los tipos del mercado hipotecario, o sobre los tipos a medio y largo plazo que favorecieron la gran expansión mundial y las diferentes burbujas de precios (de materias primas, energía, alimentos, etc.) que, igual que la inmobiliaria, pincharon con la crisis.
Para Greenspan, la explicación de la tendencia a la baja en los tipos de interés que se manifestó en todo el mundo en aquellos años está en el fortísimo crecimiento de una serie de países, empezando por China, y en la generación en esos países de un enorme volumen de ahorro puesto a disposición de la economía mundial y, en primer lugar, a disposición de la economía de Estados Unidos (las cifras que antes indicamos sobre los flujos de balanza de pagos entre China y Estados Unidos). La aparición de ese ahorro habría sido un fenómeno fuera del control de la política monetaria de Estados Unidos –y de cualquier otro país, salvo la propia China–, por lo que la responsabilidad de la FED en la crisis habría sido, en definitiva, nula o menor. Pero, en todo caso, ¿qué hizo la FED?
Pues bien, la evolución de los tipos de interés controlados directamente por la FED (tipos de descuento y tipos de los fondos federales), de la cantidad de dinero y del crédito (incluidos los créditos hipotecarios) en los años en que más se cebó la bomba de la crisis, 2002-2006, confirman que existió una política monetaria y crediticia relativamente relajada y que es difícil sostener que la FED no tuvo influencia alguna en la aparición de la burbuja. Porque, ¿cómo es que la política monetaria no intentó compensar la tendencia a la relajación que impulsaban esas entradas de capital de China y de otros países, orientando antes en sentido más restrictivo los tipos de interés? ¿Podría haberse tomado alguna medida para intentar moderar la evolución del crédito y de los precios de los activos?

LAS FUNCIONES DE LOS BANCOS CENTRALES

La política monetaria llevada a cabo por los países más desarrollados durante el último medio siglo ha estado inspirada, en lo fundamental, en las experiencias norteamericana y alemana. Por caminos y en momentos históricos distintos19, esas experiencias hicieron surgir y consolidaron dos ideas fundamentales. La primera, que la política monetaria, responsabilidad en los modernos sistemas fiduciarios de los bancos centrales, debe tener como primer objetivo la estabilidad de precios, el control de la inflación. La segunda, que tanto para fijar sus objetivos como para diseñar y ejecutar sus políticas, los bancos centrales deben ser independientes, es decir, que hay que sustraer o proteger a la política monetaria de las exigencias políticas a corto plazo de los gobiernos. Éstos han sido los dos componentes de lo que podemos llamar el «enfoque dominante» u «ortodoxo» de la política monetaria durante los últimos decenios, pero quizá más acusadamente a partir de la década de alta inflación y bajo crecimiento de los años setenta del siglo XX.
Según esta visión «ortodoxa», la política monetaria actúa a través del manejo de los tipos de interés y las operaciones de préstamo o suministro de liquidez a los bancos para conseguir que la tasa de inflación evolucione de forma moderada (el objetivo suele ser una tasa de inflación en torno al 2%). Desde esta visión, aparte de sus competencias en materia de supervisión y regulación para mantener la solvencia y buen funcionamiento del sistema financiero, los bancos centrales no han considerado que su responsabilidad alcance a combatir o frenar las burbujas de precios de activos mientras no afecten a la estabilidad de precios, entendida, fundamentalmente, como estabilidad de precios al consumo. Pero las crisis financieras con repercusión internacional de los últimos treinta años (crisis de deuda latinoamericana de los ochenta, la crisis de Bolsa de 1987, crisis asiática y rusa de 1998, la crisis derivada del pinchazo de los negocios «punto-com», la primera gran incursión de Internet en el mundo financiero y, desde luego, la crisis de 2007-2008) han llevado a que algunos replanteen esa «ortodoxia»20.
Una característica notable de la evolución económica de Estados Unidos y otros países desarrollados durante el decenio 1995-2005 fue, junto a la aparición de esas crisis, la coexistencia de altas tasas de crecimiento, bajos niveles de paro y ausencia de inflación, una conjunción virtuosa que parecía desmentir unas cuantas enseñanzas del análisis económico de la segunda mitad del siglo XX. En el cuadro 1 se presenta la evolución de crecimiento económico e inflación (medida por los precios al consumo) para la economía de Estados Unidos entre 1950 y 2007; como puede observarse, los diez años del período 1995-2005 fueron los mejores desde el punto de vista de la combinación de crecimiento y estabilidad de precios desde el decenio de los sesenta.
Aunque atribuir el «mérito» de esa estabilidad a la FED puede tener difícil demostración –puede negarse tal cosa precisamente con el mismo argumento que explica los bajos tipos de interés no por la laxitud de la FED, sino por la «globalización financiera»–, sí podría afirmarse que la evolución de los precios no justificaba una política más restrictiva que la que se aplicó. Sin embargo, si de los precios al consumo pasamos al endeudamiento del sector privado y a los precios de los activos, en particular los precios de la vivienda, que es el activo más importante para el conjunto de las familias, el panorama es bien diferente.
Hay, desde luego, diferentes formas de medir la intensidad del endeudamiento de los agentes económicos. En el cuadro 2 se recoge la evolución de: 1) la deuda crediticia neta (pasivos menos activos, ambos frente al sistema crediticio) del sector privado no financiero (empresas y familias) en relación con el PIB; 2) la evolución de la deuda crediticia neta que corresponde sólo a las familias en relación con su renta disponible, y, finalmente, 3) la proporción de los pasivos crediticios de las familias también a renta disponible. Al referirse sólo al sistema crediticio y excluir de los activos las acciones y otras participaciones cotizadas en los mercados de valores, esta medida elimina el efecto de la burbuja y da un resultado más cercano a lo que nos interesa: la razón es que una cartera de valores cotizados en Bolsa puede sufrir (y, de hecho, todas han sufrido) oscilaciones muy fuertes con la burbuja de precios y su posterior estallido; pero el valor de una deuda crediticia o un activo mantenido en forma de depósito bancario no se modifica con la burbuja.
Como puede verse en el cuadro 2, las tres proporciones mantuvieron una tendencia permanente al alza (la deuda neta y los pasivos crecían más rápidamente que el PIB o la renta disponible) a lo largo de esas cinco décadas, pero es en 2000-2008 cuando se produce una gran aceleración del endeudamiento. En esos ocho años la proporción deuda neta del sector privado a PIB crece tanto como en los cuarenta años anteriores (casi +0,47), la proporción de deuda de las familias a renta disponible crece tanto como en el período 1960-1990 (+0,28), y la proporción de pasivos de las familias a renta disponible tanto como en los años 1970-2000 (+0,33).
El crédito hipotecario fue en 2000-2005 el principal factor de aumento de los pasivos crediticios de las familias: en 1960 representaba el 65% del total de esos pasivos; en 2000, el 69%, y en 2005-2008 se mantuvo en el 76%, el crecimiento más fuerte en medio siglo. El índice de precios de la vivienda para el conjunto de Estados Unidos subió entre 2000 y 2006 casi un 90%, mientras que el índice de precios al consumo crecía un 17,5% y la renta familiar mediana (igual número de rentas superiores que de rentas inferiores) subía un 1%: nunca se había producido en la historia económica de Estados Unidos una separación tan grande en la evolución de esos índices21.
Hubo expertos (el más conocido de ellos, pero no el único, Nouriel Roubini, profesor en la Universidad de Nueva York) que señalaron, ya en 2005, que esta evolución apuntaba directamente a una crisis financiera muy grave. Pero desde la política monetaria (o desde la regulación de los mercados de capitales, o la supervisión financiera) no se adoptó ninguna iniciativa22. Lógicamente, el estallido de la crisis justificó todas las advertencias y todos los reproches, teniendo en cuenta que tanto Greenspan como su sucesor, Bernanke, se manifestaron repetidas veces contrarios a asumir como tarea de los bancos centrales ninguna clase de política preventiva contra las burbujas en los precios de los activos y el endeudamiento creciente del sector privado.
La cuestión que esto plantea es: ¿deben los bancos centrales frenar las expansiones económicas y de crédito cuando no hay –al menos, no hay todavía– un problema –o una previsión técnicamente razonable de un problema– de estabilidad de precios?
En 2002, el Banco Internacional de Pagos publicó dos trabajos23 que se enfrentaban a estas cuestiones. Su tesis fundamental era la siguiente: las transformaciones ocurridas en la economía y en el sistema financiero internacional (liberalización, globalización y gran aumento en la productividad) permiten la acumulación de tensiones y desequilibrios financieros (cuyos indicios son subidas fuertes y rápidas de precios de los activos y gran expansión del crédito) sin inflación. En estas nuevas circunstancias, los bancos centrales deben ampliar sus funciones al control de la inestabilidad financiera y, para ello, además de nuevas o reforzadas funciones de regulación y supervisión, y sin abandonar, desde luego, su tarea central de prevenir y combatir la inflación, debe plantearse la posibilidad de aplicar políticas monetarias restrictivas incluso en ausencia de inflación.
Sin embargo, medir el potencial de crisis contenido en una determinada evolución del crédito y de los precios de los activos es mucho más difícil que medir la evolución de la inflación, de los tipos de interés o de la cantidad de dinero; y tampoco es nada fácil determinar cómo hay que modificar la orientación restrictiva y la secuencia temporal de la política monetaria para que pase de combatir la inflación –la subida de los precios al consumo, en primer lugar– a combatir también las tendencias a la inestabilidad financiera contenidas en las burbujas de precios de los activos financieros y reales24. Pero las dificultades técnicas no serán el obstáculo fundamental a esta ampliación de las preocupaciones de los bancos centrales. Las dificultades políticas serán más serias, porque se trataría de que, en ausencia de inflación, pudieran llevarse a cabo políticas monetarias restrictivas preventivas, poniendo, así, fin a fases de expansión, algo que muchos considerarán siempre injustificado y que difícilmente será visto con simpatía ni por los políticos, ni por los agentes económicos.

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERAS

Junto al replanteamiento de las tareas de la política monetaria y de los bancos centrales, los otros dos capítulos que la crisis ha abierto son la regulación y la supervisión, es decir, la vigilancia y control por las autoridades de los riesgos que asumen las entidades financieras. En su A Failure of Capitalism, Posner sostiene que la desregulación financiera ha ido demasiado lejos durante las últimas dos décadas y que se impone una marcha atrás. En su opinión, y este es el fondo de su argumento, el mercado financiero, en el que los diferentes intermediarios compran y venden activos y pasivos, deudas y créditos, no sólo no puede corregir por sí solo los desequilibrios que genera, sino que, sin la intervención de los poderes públicos, tiende a acentuarlos y a convertir en depresiones catastróficas lo que no deberían ser sino fases bajistas del ciclo.
Sin negar que una cierta «marcha atrás» es posible, hay que señalar que el sistema financiero internacional presenta, hoy, dos características que ya se daban en 1980, pero que se han acentuado muy considerablemente. La primera, los diferentes mercados financieros están fuertemente integrados (tanto en el sentido de instrumentos –valores, divisas, derivados financieros, de crédito– como en sentido nacional o geográfico: el mercado europeo, el norteamericano, el japonés funcionan, en muchos sentidos, como un mercado único) debido a la casi total libertad de movimiento de capitales y a las posibilidades que dan los modernos medios de comunicación e informáticos; y la segunda, en los mercados financieros, como ocurre en la «economía real», la innovación es parte muy importante de la ventaja competitiva que cada empresa trata de obtener sobre las demás, lo que plantea, con frecuencia, nuevos riesgos.
Es difícil negar que la supervisión en Estados Unidos y en el Reino Unido, por citar los dos países en cuyos mercados se concentra el grueso de la actividad y la innovación financiera de ámbito internacional, ha cometido fallos importantes, que algunos imputan al «extremismo» promercado. Lo cierto es que muchas veces pueden explicarse, simplemente, por la velocidad de las innovaciones, la complejidad de los instrumentos y de la operativa en los mercados, así como por el temor de cada supervisor nacional a perjudicar la posición competitiva de las empresas bajo su tutela, una consideración que es pertinente para describir lo que ha ocurrido durante las últimas décadas con los contratos sobre «derivados financieros», los «hedge funds» y los mecanismos complejos de titulización.
El campo de las reformas, que pueden incorporar alguna «marcha atrás» en la desregulación financiera, sobre el que ha ido formándose un cierto consenso en las instituciones financieras internacionales es muy amplio, pero lo fundamental puede resumirse, quizás, en cuatro apartados: 1) las reglas de recursos propios (capital, reservas y provisiones) de los bancos en proporción a los riesgos asumidos, que es lo que regulan las reglas que se denominan «Basilea II», negociadas entre 2000 y 2006 y que empezaban a entrar en vigor cuando estalla la crisis; 2) las reglas de liquidez (plazos de vencimiento de activos y pasivos) y solvencia («apalancamiento», o proporción activos/pasivos); 3) las reglas aplicables a las operaciones con derivados financieros fuera de los mercados organizados (es decir, en transacciones privadas, sin contratos-tipo ni cámaras de compensación); 4) la regulación de los conflictos de intereses de las agencias de calificación de riesgos25.
Suponiendo que exista voluntad política para hacer todo esto, y refiriéndonos a Estados Unidos, que es, obviamente, clave en cualquier reforma, podemos preguntarnos: la gran banca, comercial y de inversión, los grandes «hedge funds», los grandes fondos de inversión, ¿se van a dejar reformar, en el sentido de aceptar un control más estricto de sus riesgos por los supervisores? Pues lo probable es que ofrezcan mucha resistencia, tanto mayor y tanto más efectiva, naturalmente, cuanto mejor y más rápidamente se supere la crisis. Y ya tenemos algún indicio.
El ex presidente de la FED (1979-1987) Paul Volcker, que colabora actualmente con la Administración Obama dirigiendo un grupo de asesores encargado de dar ideas para impulsar la recuperación económica, lanzó (septiembre de 2009) una propuesta radical: que la banca comercial limite sus riesgos, dejando de tomar posiciones en los mercados financieros con cargo a su propio capital, algo que llevaría a prohibir a los bancos, entre otras cosas, «promover y capitalizar» entidades poco o nada reguladas, como los «hedge funds»: los bancos sólo podrían realizar esa clase de operaciones por cuenta de sus clientes. Esto significaría volver a la separación de banca comercial y banca de inversión que en 1933 impuso la Glass-Steagall Act, y que, después de un proceso de erosión, fue finalmente derogada por la Administración del presidente Clinton en 1999.
La propuesta de Volcker tiene una segunda parte, corolario de la primera: los rescates con dinero público y las garantías para los depósitos de la clientela serían sólo para los bancos comerciales que limitasen su actividad al negocio tradicional y no tomaran posiciones por cuenta propia en los mercados de capitales y de derivados. Pues bien, todo indica no sólo que los grandes bancos norteamericanos se opondrían en lo posible a este retorno a la separación entre banca comercial y banca de inversión, sino, además, que la actual Administración demócrata no parece simpatizar con la idea, ni dispuesta a dar esa batalla.

FALLOS DEL MERCADO, FALLOS DE LOS GOBIERNOS

A pesar de su gravedad, no parece que la crisis que se inicia en 2007 vaya a alcanzar el dramatismo y la profundidad de la «Gran Depresión» (comparando 1932 con 1929, la Bolsa había caído un 80%, el PIB real, un 36% y el desempleo llegaba al 25% de la población activa). Incluso los que creen posible una recaída de la actividad en 2010 no parecen temer nada parecido a aquella crisis. Los tres factores que pueden explicar la diferencia son la reacción de los bancos centrales, el hecho de que las grandes economías emergentes (Brasil, India y China, principalmente) han resistido bien la crisis y han mantenido crecimientos relativamente elevados, y la falta de éxito, por ahora, de los movimientos de proteccionismo comercial. Pero, sin duda, la pieza crucial ha sido la contención del colapso financiero mediante la creación masiva de dinero por los bancos centrales, materializada en préstamos a los intermediarios financieros, en parte a tipos de interés cercanos a cero, para reforzar su liquidez, permitir la recuperación de la confianza y mantener el funcionamiento del mercado interbancario26.
Salvar el sistema financiero con una enorme creación de dinero, tal como han hecho la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, no mejora, evidentemente, la eficiencia de los mercados. Ha sido, en todo caso, un recurso para ganar tiempo que puede crear algunos problemas o agravar otros27. Pero no hacerlo y permitir una cadena de quiebras y el colapso de los canales de retribución del ahorro y suministro de crédito nos habría llevado a un territorio desconocido, con consecuencias políticas potencialmente muy peligrosas: como en las guerras, se habría sabido cómo empezaba esa aventura, pero no cómo iba a terminar. En esta cuestión no hay discrepancias: tanto Posner como Rowley y Smith consideran que era necesaria esa masiva creación de liquidez y que, una vez producida la explosión de la crisis, la política seguida por la FED y el Banco Central Europeo ha sido la correcta. Y, aunque Rowley y Smith son mucho más específicos que Posner en cuanto al detalle de las medidas a adoptar para superar la contracción económica (con alguna de las cuales discreparía Posner)28, existe otra importante coincidencia: comparten escepticismo en cuanto a la eficacia de los diferentes aluviones de gasto público (gasto adicional o rebajas fiscales) para reactivar la demanda.
Entre el desengaño de Posner sobre el «mercado libre», su eficiencia y su capacidad para superar los desequilibrios sin ayuda del gobierno, y la confianza de Rowley y Smith en los mercados y su atribución de la responsabilidad por la crisis financiera y la contracción económica (de la última que padecemos, y de las precedentes) a errores en la regulación e intervención de los gobiernos hay, probablemente, menos distancia de la que podría creerse a primera vista. Para empezar, coinciden en un punto fundamental: tanto Posner como Rowley y Smith creen que la política de la FED entre 2000 y 2005 fue demasiado relajada y un factor clave en la formación de la burbuja y, por consiguiente, de la crisis29.
Posner no niega que las intervenciones públicas y las interferencias políticas (el estímulo del Congreso estadounidense a las hipotecas «basura» es un buen ejemplo) pueden ser muy perturbadoras y pueden contribuir a la formación de las crisis financieras. Lo que sostiene es que la crisis actual ha venido precedida por dos décadas de desregulación y de invasivo laissez-faire financiero y que, a lo largo de este proceso, se ha demostrado que los mercados financieros y de capitales pueden ser muy ineficientes, agravando los desequilibrios, con escasa, o nula, capacidad de autocorrección (el crecimiento disparatado de algunos mercados de derivados financieros, o del «apalancamiento» de muchas empresas serían ejemplos). Los gobiernos, cree Posner, pueden hacerlo mal y pueden perturbar el funcionamiento de los mercados pero, en su opinión, lo decisivo en la actual crisis no han sido los errores de los gobiernos, sino la tendencia de los mercados cada vez más desregulados a generar y acumular desequilibrios.
Por su parte, Rowley y Smith no niegan que los agentes económicos puedan tomar decisiones ineficientes movidos por conflictos de intereses, por errores técnicos o, simplemente, por la lógica de la competencia. Reconocen, por ejemplo, que, en la crisis actual, este ha sido el caso de las grandes agencias de calificación de riesgos (agencias de rating) como organizadoras y calificadoras de operaciones de titulización de créditos hipotecarios y otros activos bancarios30. Pero la cantidad y calidad de las interferencias públicas en la economía, y en los mercados financieros, en particular, es tal que, en su opinión, no tiene sentido hablar, ni siquiera en el caso de Estados Unidos, de «capitalismo de laissez-faire». Vivimos, sostienen, en un capitalismo intervenido, un «capitalismo de Estado» y la crisis, la actual, igual que la Gran Depresión de 1929-1933, significa un fracaso de ese «capitalismo de Estado», no del mercado.
Nada garantiza, en su opinión, que incrementar aún más la capacidad de los poderes públicos para intervenir en la gestión de los riesgos de las entidades financieras mejore su eficiencia y solvencia a medio y largo plazo. Sin embargo, como no tenemos ningún ejemplo real de capitalismo de laissez-faire (para Rowley y Smith, Estados Unidos dejó de serlo después de la Primera Guerra Mundial, y la vuelta de ese capitalismo es imposible de acuerdo con su propio análisis), es difícil la comparación con los mercados y los capitalismos intervenidos, por lo que el argumento queda, inevitablemente, en el aire.
El giro prointervención y escéptico sobre la eficiencia de los mercados de Posner no ha sido un fenómeno aislado. Con la crisis ha aparecido mucha literatura orientada a la recuperación de enfoques críticos (keynesianos u otros) con las ideas de liberalización y desregulación. Quizá la más llamativa de estas «recuperaciones» ha sido la de un académico norteamericano un tanto olvidado durante la última década, Hyman Minsky (1919-1996)31, y su «Hipótesis de inestabilidad financiera».
Según esta «Hipótesis», el capitalismo moderno no puede conducir a, ni mantener, un equilibrio de pleno empleo y estabilidad de precios, debido a la influencia del sistema financiero sobre la inversión, principal determinante de la actividad y de los beneficios de las empresas. El financiero, como cualquier otro sector, busca aumentar sus beneficios en tanto que «productor» o «vendedor de deuda»; en las épocas de bonanza y expansión favorece el aumento del «apalancamiento» (recordamos: la relación entre deuda y recursos propios) y la generación de pasivos financieros que sólo pueden atenderse generando más pasivos financieros32, todo lo cual lleva a la sobreinversión, a insolvencias generalizadas, caída en los beneficios, a la deflación y a la recesión.
Para Minsky, la tendencia a la inestabilidad financiera es endógena al capitalismo, es decir, no hace falta ningún acontecimiento externo para generarla (como sería una conmoción externa, tal como una crisis del petróleo, o una restricción de demanda originada en una subida de tipos de interés por el banco central). Si las crisis no son aún más frecuentes y más dramáticas se debe, pensaba Minsky, a las intervenciones de los bancos centrales creando liquidez y a la fortaleza del gasto público, verdaderos grandes estabilizadores del capitalismo moderno.
La crisis también ha puesto de actualidad algunas ideas de la «escuela austríaca» (la que se une a los nombres de Mises y Hayek), que siempre ha sostenido la influencia del sistema financiero sobre la actividad económica y defiende que puede estar justificada una política monetaria restrictiva para hacer frente a las burbujas y a la acumulación de desequilibrios productivos y financieros incluso en ausencia de inflación33.

¿OTRO CAPITALISMO?

La crisis no podrá considerarse superada mientras no se vuelva a proporciones de deuda (del conjunto del sector privado, de las familias y del Estado) a PIB similares a las que existían antes de la explosión, y mientras no se recuperen los flujos normales de crédito, lo que no podrá ocurrir mientras los bancos no absorban sus pérdidas y no se recapitalicen; y eso podrá lograrse con estabilidad de precios sólo si los bancos centrales consiguen retirar del mercado la enorme cantidad de liquidez creada en 2008 y 2009, que está, además, en la base de la evolución alcista en las bolsas y de los mercados de materias primas en 2009. Incluso si todo va bien, llevará años y no será fácil porque, entre los dos riesgos a los que se enfrenta la política monetaria –el riesgo de retrasar la recuperación y el riesgo inflacionista–, es seguro que los políticos –y bastantes economistas34– presionarán a favor del crecimiento a corto plazo, es decir, a favor de mantener tipos de interés reales muy bajos, negativos, si es posible, aunque sea a costa de más inflación.
Las reformas regulatorias y de supervisión que están planteadas, y las nuevas iniciativas para mejorar la cooperación internacional que, con mayor o menor éxito, se llevarán a la práctica, no van a transformar el capitalismo intervenido en el que vivimos y cuyas dos características verdaderamente cruciales (y en esto parece difícil negarle la razón a Hyman Minsky35 ) son el manejo (es decir, la creación) de la liquidez bancaria por los bancos centrales y el manejo del déficit público (es decir, la deuda pública) por los gobiernos.
La política de los bancos centrales creando dinero y prestándolo a coste casi cero para apuntalar los balances de las entidades financieras; el salvamento por los gobiernos de empresas industriales y financieras en bancarrota, poniendo en juego enormes sumas de fondos públicos, incluso en una situación fiscal muy degradada (déficit galopante e incremento muy rápido de la deuda pública en relación con el PIB); la doctrina, ya completamente asentada, acerca de los bancos cuyo gran tamaño genera, en caso de crisis, lo que se denomina «riesgo sistémico» (es decir, sus crisis pueden terminar afectando a todo el sistema financiero nacional e internacional), por lo que son «too big to fail», demasiado grandes para permitir su quiebra, teniendo que ser ayudados con fondos públicos a cualquier coste (ayudas directas y ayudas para garantizar los depósitos de los clientes): todo esto ha sido tan masivo y tan contundente que es difícil imaginar políticas aún más intervencionistas, salvo, naturalmente, si se abandona el marco, debilitado, pero todavía dominante, de la economía de mercado y se entra en algún nuevo (que sería muy viejo) territorio «socialista».
No es probable que salgamos de este «capitalismo intervenido». Nadie ha propuesto otro modelo que parezca políticamente posible en el marco de las democracias occidentales, tal como hoy existen y funcionan, y que, a la vez, ofrezca alguna perspectiva de mayor eficiencia económica. Aunque decir esto sea, quizá, demasiado optimista: a veces, las sociedades se vuelven locas y deciden empeorar su suerte.

1. Prosperidad y Depresión. Un análisis teórico sobre los movimientos cíclicos, de Gottfried Haberler, es uno de los mejores libros de teoría económica y de historia del análisis económico publicados en el siglo XX, uno de los más reeditados y más traducidos. Aunque hay noticias de una traducción española de 1942, la primera edición española que hemos podido localizar es la del Fondo de Cultura Económica de 1945. La edición que puede considerarse definitiva es la de Allen & Unwin y Harvard University Press de 1958. Nosotros citamos por la edición de Atheneum, Nueva York, 1963, que reproduce la de 1958 con diferencias menores.
2. Gottfried Haberler, Prosperity and Depression, Nueva York, Atheneum, 1963, pp. 257-258.
3. Una reflexión interesante acerca de ese posible nuevo «paisaje capitalista» ha sido la de Amartya Sen, «Capitalism beyond the Crisis», The New York Review of Books, 26 de marzo de 2009.
4. Ian Bremmer, «State Capitalism Comes of Age», Foreign Affairs, vol. 88, núm. 3, mayo-junio de 2009.
5. Entre los libros publicados en 2009 hay que mencionar el de Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton y Oxford, Princeton University Press, 2009. La descripción de la crisis actual se encuentra en las páginas 199-242.
6. Aparte de una serie de precursores y antecedentes, la teoría de la «elección pública» empezó a elaborarse por James Buchanan (premio Nobel de Economía en 1986) y Gordon Tullock en 1962 con The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy: se trata de un análisis de las instituciones políticas del sistema democrático y de su funcionamiento con los instrumentos de la teoría económica. Su denominación, Escuela de Virginia de Economía Política, tiene su origen en que las instituciones universitarias a las que pertenecían y pertenecen Buchanan y Tullock, y, en primer lugar, la Universidad Georges Mason, están en Virginia.
7. Rowley es un destacado académico británico, asociado desde hace décadas a la Escuela de Virginia y a la economía de la «elección pública»; Smith es un economista y académico asociado a la misma escuela.
8. Richard Posner, «The Good Paul Krugman and the Bad Paul Krugman», The Atlantic, 3 de junio 2009, disponible en http://correspondents.theatlantic.com/richard_posner/2009/06/the_good_paul_krugman_and_the_bad_krugman.php.
9. En 1996, China ahorraba el 36% de su PIB (frente al 17% de Estados Unidos, el 20% de Alemania o el 30% de Japón); en 2007, China ahorró el 51% de su PIB (frente al 14%, 24% y 26%, respectivamente, de los países indicados): «China’s Savings Rate and its Long-Term Outlook», Goldman Sachs Global Economic Paper, núm. 191, 16 de octubre de 2009.
10. China ha seguido aumentando sus reservas durante la crisis. En septiembre de 2009 alcanzaban 2,3 billones (latinos) de dólares. Todos los datos sobre la balanza de pagos de China están tomados del State Administration of Foreign Exchange Bureau, disponibles en Internet: http://www.safe.gov.cn.
11. Bureau of Economic Analysis, US International Transactions Accounts Data, US Department of Commerce, Tabla 1. Disponible en http://www.bea.gov/international/bp; estadística de «Major Foreign Holders of Treasury Securities», también disponible en http://www.treas.gov/tic/mfh.his01.txt.
12. Lo que equivale al 24% de todos los títulos públicos estadounidenses en poder de extranjeros (era sólo el 5% en 1999). El país que sigue a China en esta estadística es Japón: entre 1999 y 2008, las tenencias japonesas de títulos públicos estadounidenses aumentaron en 361.000 millones de dólares. Japón se acerca bastante a China por su peso en las tenencias totales de estos títulos tanto respecto al total de las tenencias extranjeras (el 21%) como respecto a las tenencias en reservas oficiales (31%).
13. Alan Greenspan, «The Fed Didn’t Cause the Housing Bubble», The Wall Street Journal, 11 de marzo de 2009; «Global Imbalances: Two Giants Step in Closer», Goldman Sachs, Global Economics Weekly, 09/16, 29 de abril de 2009; Barry Eichengreen, «Fix Global Imbalances to Avert Future Crises», Gulf Times, 24 de mayo de 2009.
14. Si los precios están cayendo a una tasa anual de, por ejemplo, el 2%, puede decirse que un depósito a un año a un tipo de interés nominal anual del 1% tiene un rendimiento real del 3%, porque al final de ese período anual el poder de compra del importe inicial de ese depósito habrá crecido en el 1% de retribución nominal más el 2% de la caída de los precios; en esa misma situación de deflación, si hay que pagar un 2% nominal por un préstamo recibido, el tipo de interés real para el prestatario puede estimarse en el 4% (2% nominal más 2% de lucro cesante que pierde por no mantener el importe del préstamo recibido, simplemente, como saldo inactivo o líquido; si decidiera mantener inactivo o líquido el importe del préstamo recibido, la operación no daría, teóricamente, ni beneficio ni pérdida).
15. Ben S. Bernanke, «Money, Gold and the Great Depression», observaciones en la H. Parker Willis Lecture in Economic Policy, Washington y Lee University, Lexington, Virginia, 2 de marzo de 2004, disponible en http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040322/default.htm.
16. Es el tipo de interés al que las entidades prestan y toman prestados los fondos que les sobran o que necesitan, respectivamente, para cumplir con los requisitos legales de reservas y tener saldo suficiente para liquidar las operaciones en sus cuentas de la FED.
17. Mediante operaciones de compra y venta de títulos del Tesoro (operaciones «de mercado abierto») con los bancos, la FED influye en los tipos de interés que los bancos aplican en sus operaciones interbancarias.
18. En su informe sobre política monetaria presentado al Senado en febrero de 2005, Greenspan dijo que no podía entender la razón por la que los tipos de interés de los títulos del Tesoro permanecían tan bajos a pesar del endurecimiento de tipos que estaba llevando a cabo la FED desde mediados de 2004: The Federal Reserve Board, Testimonio del Presidente Alan Greesnpan, Semmiannual Monetary Policy Report, 16 de febrero de 2005, disponible en http://www.federalreserve.gov/Boarddocs/hh/2005/february/testimony.htm.
19. En Estados Unidos, con la Federal Reserve Act de 1913 (Glass-Owen Bill) que, a través de diversos avatares y enmendada en 1977, ha mantenido su vigencia hasta hoy; en Alemania, con la creación del Bundesbank, en 1957; en la creación del Banco Central Europeo con el Tratado de Maastricht de 1992 jugó un papel determinante la, digamos, «ideología alemana» en política monetaria, inspirada por el Bundesbank. De hecho, Alemania condicionó su adhesión al proyecto de la Unión Monetaria Europea al respeto del principio de independencia del BCE y a la estabilidad de precios como su objetivo estatutario.
20. El lector interesado puede consultar dos artículos publicados en Revista de Libros: Luis M. Linde, «Crisis financieras», núm. 124 (abril de 2007), y Alberto Nadal, «Aprender de otras crisis», núm. 147 (marzo de 2008).
21. Jeremy J. Siegel, «Effcicient Markets Theory and the Crisis», Wall Street Journal, Europe, 29 de octubre de 2009, p. 16.
22. En enero de 2007, el entonces secretario del Tesoro, Henry Paulson, promovió la creación de un grupo de trabajo, al que se incorporaría Bernanke, para estudiar la evolución del apalancamiento en las instituciones financieras y, en particular, en los «hedge funds»; pero los acontecimientos se precipitaron y no parece que ese grupo terminase su estudio antes del estallido de la crisis.
23. Claudio Borio y Philip Lowe, «Asset Prices, Financial and Monetary Stability: Exploring the Nexus», BIS Working Papers, núm. 114 (julio de 2002); Claudio Borio, William English y Andrew Filardo, «A Tale of Two Perspectives: Old or New Challenges for Monetary Policy?», BIS Papers, núm. 19 (octubre de 2003).
24. Charles R. Bean, «Asset Prices, Financial Instability, and Monetary Policy», The American Economic Review, vol. 94, núm. 2 (mayo de 2004), pp. 14-18.
25. Puede añadirse un quinto asunto: la revisión de la normativa que obliga a la contabilización de los activos financieros por su valor de mercado (en lugar de por su coste histórico u otras fórmulas que evitan utilizar el valor de mercado), convertidas en norma internacional durante los últimos años a instancias de las autoridades norteamericanas y que, en opinión de muchos, han jugado un papel desestabilizador en la crisis. La aplicación de esta regla contable había obligado (a junio de 2009) a reconocer bajas en el balance (pérdidas) por 41.000 millones de dólares a Merrill Lynch, 37.000 millones a Citigroup, 26.000 millones a AIG y 13.500 millones a Lehman Brothers: véase «U.S. Congress Helped Banks Defang Key Accounting Rule», The Wall Street Journal, Europe, 4 de junio de 2009, p. 14.
26. En 2008, la FED abrió nuevas ventanillas de suministro de liquidez, incluyendo algunas categorías de prestatarios, como los bancos de inversión, que nunca anteriormente habían podido participar en esas operaciones. Después, en 2009, amplió el abanico de activos financieros –incluyendo activos considerados «tóxicos» o de improbable recuperación– que compraba a las entidades, o que éstas podían utilizar como garantía o «colateral» de los préstamos que recibían de la FED, o podían cambiar por activos de mejor calidad en poder de ésta. Las consecuencias de esta política tan agresiva han sido: 1) Pasar de un préstamo total de la FED al sistema financiero de 925.000 millones de dólares en diciembre de 2007 a 2,3 billones en diciembre de 2008 y 2,1 en junio de 2009, y 2) Un empeoramiento muy notable de la calidad del activo del balance de la FED, puesto que se ha hecho cargo de un gran volumen de activos «tóxicos» que son, precisamente, los que hacían insolventes a un buen número de entidades financieras. Por su parte, el Banco Central Europeo pasó de un total de préstamos de liquidez en el entorno de 400.000 millones de euros en 2005-2006 a 617.000 millones en diciembre de 2007, 829.000 en diciembre de 2008 y casi 900.000 en junio de 2009; pero el Banco Central Europeo no ha cargado su balance con activos «tóxicos», y esta ha sido una diferencia muy significativa con la FED.
27. La rebaja hasta niveles cercanos a cero de los tipos de interés a los que la FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo hacen sus préstamos a los bancos ha llevado a la política monetaria convencional a una zona de escasa o nula efectividad; el siguiente paso ha sido lo que se denomina en la jerga del oficio en inglés «quantitative easing», que es lo que se conoce en español como «monetización» (los bancos centrales comprando títulos, públicos y privados, o prestando –lo que equivale a una compra temporal– con esa garantía, por volúmenes enormes).
28. Defienden un suministro de liquidez por la FED amplio y barato, incluso mediante la monetización de deuda, mientras la economía no inicie la recuperación; la reactivación del mercado de viviendas mediante una reforma de las leyes sobre inmigración; la suspensión de todos los aranceles a la importación («comercio libre unilateral»); la eliminación de barreras sindicales y corporativas en el mercado laboral; la eliminación de los estímulos fiscales; la reforma de la seguridad social para contener el incremento de sus pasivos a largo plazo; alcanzar el equilibrio presupuestario a largo plazo; evitar los rescates bancarios y las nacionalizaciones, utilizando los mecanismos de garantía de depósitos y de préstamo a los bancos en dificultades, pero solventes: Rowley y Smith, op. cit. , pp. 63 y ss.
29. Richard Posner, op. cit. , p. 281; Charles K. Rowley y Nathanael Smith, op. cit., pp. 33-37.
30. Charles K. Rowley y Nathanael Smith, op. cit., p. 93.
31. Hyman P. Minsky ocupó una posición un tanto «lateral» respecto a las corrientes académicas «centrales» o dominantes en Estados Unidos. Minsky, que se confesaba seguidor del Keynes más desconfiado del laissez-faire y más favorable a las intervenciones del Estado, dedicó décadas de trabajo a formular y refinar su «hipótesis de inestabilidad financiera» del capitalismo y a analizar el papel de los bancos centrales y del gasto público para superar las crisis. Minsky publicó, aparte de artículos y textos de conferencias, tres libros: John Maynard Keynes (1975), Stabilizing an Unstable Economy (1986) y Can It Happen Again? (1982), una colección de artículos sobre la Gran Depresión. La «Hipótesis de Inestabilidad Financiera» de Minsky se inspiraba, en parte, en Irving Fisher (1867-1947).
32. Lo que el propio Minsky bautizó como «esquema Ponzi», en recuerdo del famoso estafador «piramidal» que actuó en Estados Unidos en los años veinte.
33. Aunque hay que precisar que las ideas de política monetaria de Hayek cambiaron al final de su vida, pasando a ser defensor de un enfoque mucho más convenional, orientado al manejo por el banco central de la cantidad de dinero y a la estabilidad de precios: véase Lawrence H. White, «Hayek’s Monetary Theory and Policy: A Critical Reconstruction», Journal of Money, Credit and Banking, vol. 31, núm. 1 (febrero de 1999), pp. 109-120.
34. «New Fed view? Build inflation leeway», The Wall Street Journal, Europe, 11 de septiembre de 2009, p. 21.
35. Esta es la idea central de su libro Stabilizing an Unstable Economy, publicado en 1986.
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ARTÍCULO
Teoría política
Libertad, igualdad, fraternidad… y poder (I)
RAIMUNDO ORTEGA
Raimundo Ortega es economista.
nº 64 · abril 2002
MANCUR OLSON
Poder y prosperidad. La superación de las dictaduras comunistas y capitalistas
Trad. de Antonio Resines
Siglo XXI, Madrid 288 págs. 18,03 €
ROBERT WILLIAM FOGEL
The Four Great Awakenings & The Future of Egalitarianism
The University of Chicago Press, Chicago
RONALD DWORKIN
Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality
Harvard University Press, Cambridge (Mass.)

A la pregunta de cuál es el significado actual de la igualdad, Dworkin responde sin dudar: el proyecto político que todo gobierno debe perseguir para asegurar que la suerte de sus ciudadanos le sea idénticamente relevante. Sólo entonces podrá ese gobierno presumir de auténtica legitimidad, añade; pero, dicho esto, acepta la dificultad de aclarar cómo se consigue llevar a la práctica esa preocupación por la suerte de todos y cada uno de aquéllos. Ronald Dworkin enseña derecho y filosofía en la Universidad de Nueva York y jurisprudencia en el University College de Londres. Muy conocido en los ámbitos académicos anglosajones, tanto por su defensa de las tesis igualitarias como por sus constantes alegatos a favor de los derechos individuales, ha sido más citado que estudiado en Europa, acaso porque en esta orilla del Atlántico no se digieren bien las teorías generales del derecho basadas en la adecuada combinación de bases morales duraderas en el tiempo y razonamientos filosóficos tan generales que algunos han llegado a calificarlos de «iusnaturalistas». Desde mediados de la década de los ochenta, comenzaron a traducirse en España algunas de sus obras, tales como Los derechos en serio, El imperio de la justicia, Ética privada e igualitarismo político, El dominio de la vida, así como la contribución titulada «El liberalismo» e incluida en el libro Moral pública y privada, editado por Stuart Hampshire. Con todo, no puede decirse que entre nosotros sea un autor muy popular ni entre los juristas ni entre los especialistas en filosofía política, y me temo que la obra a la cual se refiere esta reseña tampoco vaya a aumentar su influencia en este país. El esquema del último libro pretende justificar, primero teóricamente, cómo la igualdad de recursos ––que no igualdad de bienestar, concepto «demasiado vago» o «poco práctico» para suministrar la base de cualquier teoría de la igualdad (pág. 16)– conforma en su opinión el ideal igualitario de carácter material que cualquier gobierno está obligado a intentar ofrecer a sus ciudadanos, mientras que su segunda parte aplica ese análisis a la discusión práctica de cuestiones políticas de importancia crítica en los Estados Unidos, pero igualmente pertinentes en otras sociedades occidentales prósperas. Dworkin no ofrece un libro de fácil lectura, por lo que resulta recomendable dedicarle un fin de semana, con el ánimo tranquilo y la convicción de que vale la pena renunciar a unos largos paseos o a asistir al auditorio de música a escuchar al Cuarteto de Tokio para adentrarse en sus 473 páginas. Las últimas 166, que constituyen la segunda parte, titulada «La práctica», contienen las conclusiones a las que Dworkin, aplicando la «interdependencia de la teoría política y la controversia práctica», llega en casos que van desde la experimentación genética a la eutanasia, y en los cuales las normas legales o las decisiones judiciales apoyan en ocasiones, u obstaculizan en otras, el objetivo de promover la igualdad. Comentarlas alargaría en exceso esta reseña, ya de por sí extensa, de forma que me limitaré a aquellos casos a los cuales aplica directamente su esquema del seguro como mecanismo para llevar a cabo en la práctica el ideal de la igualdad de recursos que inicialmente apuntala otro expediente, el de la subasta, valiéndose para ello de la teoría económica del equilibrio general; por lo tanto, resumiré únicamente los capítulos 8 y 9, dedicados al coste de la salud, y al paro y la mala suerte de nacer en familias sin recursos. El núcleo de la obra lo constituye, sin embargo, su primera parte –«La teoría» –, que abarca 292 páginas de ardua lectura, pero en la cual se encierran las claves que permiten desentrañar por qué piensa nuestro autor que los tres ideales que pusieron en marcha la Revolución francesa, y a los cuales hace referencia el título de estos comentarios, se deben, y se pueden, alcanzar simultáneamente. Pues bien, abrimos el libro y nos enfrentamos a su primer capítulo, que Dworkin dedica a desmenuzar la igualdad de bienestar. Para ello comienza con un homenaje envenenado al propio concepto de «bienestar» empleado en la teoría económica y después se adentra a toda velocidad en un examen de lo que califica como «teorías del éxito» y «teorías conscientes» del bienestar para ofrecer su propia versión, la «ecuménica», en la cual la igualdad de satisfacciones y de éxitos se cimenta en la igualdad inicial de recursos disponibles por cada persona. Pero antes de entrar en cómo se propone Dworkin asegurar la igualdad de recursos –objetivo del capítulo 2 del libro– conviene saltar directamente a la cuestión central del siguiente ––«la importancia de la libertad»–, pues en él aparecen dos de los dilemas fundamentales de su propuesta; concretamente cómo es posible conciliar libertad e igualdad –lo que ha originado un interesante debate con David Miller en las páginas del Times Literary Supplement1– y, sobre todo, su propósito básico, que no es otro sino establecer que la legitimidad de un gobierno se calibra por su preocupación por asegurar idéntico desvelo por todos sus ciudadanos. Ese rasgo igualitario resulta tan esencial en la maquinaria política que en caso de un auténtico enfrentamiento entre libertad e igualdad, aquélla debería ceder el paso a ésta. Dworkin rechaza, no obstante, la confrontación entre ambos valores y asegura que la libertad es una condición de la igualdad, porque la preocupación del Estado por todos sus ciudadanos no impide que éstos sean en gran medida responsables de su propio destino. El autor recurre para ello al concepto de lo que llama individualismo ético, concepto asentado en el principio de igual importancia –es decir, que es igualmente importante que toda vida sea fructífera y no un fracaso– y en el de especial responsabilidad, según el cual cada uno de nosotros es especialmente responsable del éxito de nuestra existencia. El primero requiere que el gobierno adopte las medidas legales y administrativas adecuadas para que el destino de sus ciudadanos no dependa de lo que Dworkin llama «circunstancias», mientras que el segundo impulsa a los gobernantes a promover que el destino de sus ciudadanos responda a las «elecciones» por ellos adoptadas. Y en la medida en que ese doble objetivo se cumpla el Estado estará tratando a sus ciudadanos con idéntica preocupación, obligándose para ello a intentar igualar los recursos con los que cada uno de ellos cuenta a fin de que su vida sea un éxito. Metido en harina, nuestro autor se adentra a continuación en la tarea de desmenuzar las características que conforman la personalidad ética, cuyo contenido ejemplificará en el capítulo 9 al tratar de «Justicia, seguro y suerte», y más concretamente en su apartado «El problema estratégico» (págs. 322-325). Aun cuando no es imprescindible, el lector puede juzgar útil adelantarse y leer detenidamente esas páginas para entender dos conceptos esenciales en todo el razonamiento del autor; a saber: «elecciones» y «circunstancias». El primero refleja la personalidad de un individuo y está compuesto de ambición –un precipitado de gustos, preferencias, convicciones y metas en la vida– y carácter, entre cuyos rasgos destacados la aplicación, la tenacidad, la frugalidad y la previsión. En cuanto a las «circunstancias», éstas se agrupan en recursos personales –salud física y mental, talento para producir lo que otros valorarán– e impersonales –tales como la riqueza y las posibilidades legales de utilizarla––, susceptibles de ser reasignados de unas personas a otras. Hechas estas aclaraciones, Dworkin perfila su teoría de la justicia distributiva, que califica de «continua» porque diferencia entre «elecciones» y «circunstancias», asentándola en la igualdad de recursos e indicando que su pretensión reside en que los recursos impersonales de cada ciudadano respondan a sus «elecciones» pero no a sus «circunstancias». Ahora bien, los problemas aparecen en cuanto Dworkin se ve obligado a desmenuzar su teoría de la justicia económica y a justificar su postulado según el cual los gobiernos preocupados por la auténtica igualdad, la de recursos –no la de bienestar, ni tampoco la de oportunidades, puntualiza–, intentan que «los recursos impersonales de los ciudadanos [básicamente su riqueza] sean sensibles a sus elecciones pero no a sus circunstancias». Esto significa que ciertos frutos de los rasgos constitutivos de la personalidad, y que conforman el carácter y la ambición de un ciudadano ––verbigracia, sus gustos, preferencias, laboriosidad, determinación, capacidad de previsión–, no constituirían la base de impuesto alguno, mientras que los obtenidos gracias a sus capacidades innatas –físicas o mentales – y a su talento para producir lo que otros valoran, sí deberían ser objeto de un impuesto dedicado a redistribuir los recursos en una comunidad que aspire a la igualdad. El problema reside en que no sólo este diferente tratamiento fiscal provocaría el rechazo en nuestras actuales sociedades –acostumbradas a considerar que cada uno tiene derecho a la mayor parte de los frutos obtenidos gracias a su personalidad y su talento– sino, también, en la dificultad de diferenciar ambos rasgos, dificultad que revela, acaso, lo endeble de la distinción. ¿Cómo solventa Dworkin esa dificultad y justifica su teoría de la igualdad de recursos y el sistema de su distribución, respetuoso por una preocupación idéntica por todos y cada uno de los ciudadanos? Para ello nos pide imaginarnos unos robinsones repartiéndose los recursos existentes en una isla desierta mediante una subasta walrasiana y en busca de un óptimo cuasi-paretiano sometido al contraste que denomina la «prueba de la envidia» (pág. 67). Pues bien, los náufragos intentarán repartirse los recursos de una forma igualitaria extrema; es decir, hasta el punto de que ninguno de ellos prefiera la cesta de recursos en poder de cualquiera de los otros. Superada esa «prueba de la envidia», se puede afirmar que cada cesta proporciona un conjunto idéntico de recursos. ¿Cómo se llega a tan satisfactoria solución? Pues suponiendo que los robinsones disponen de una bolsa con idéntica cantidad de monedas y que van pujando en subasta por las cestas existentes, y a las cuales el subastador pone precio. ¡No se olvide que, habida cuenta de la vigencia de la «prueba de la envidia», un náufrago podrá siempre reclamar una nueva subasta hasta llegar a un resultado satisfactorio paro todos! Ahora bien, el mecanismo es engañosamente sencillo, ya que da por supuestas algunas exigencias que el autor se encarga rápidamente de desvelar. Ante todo, es preciso que los náufragos sepan lo que desean hacer con esos recursos –«qué tipo de vida perseguir», en palabras de Dworkin– y que estén informados sobre el coste que su elección representa para los restantes miembros de la comunidad, a lo cual se añade la existencia de un marco normativo básico –«a baseline liberty/constrain system»–, el mejor posible respecto a cómo usar esas cestas de recursos y que incluye, claro está, los derechos fundamentales por todos conocidos. Una vez adjudicados los recursos, los náufragos comienzan, como es normal, a intercambiarlos y a utilizarlos de modo que al cabo de cierto tiempo se observa, inevitablemente, una desigualdad de riqueza. La pregunta es si está permitido, de acuerdo con la «prueba de la envidia», efectuar una nueva subasta. La respuesta es que las decisiones adoptadas en la subasta inicial son definitivas. Por lo tanto, al participar en la que satisfaga la «prueba de la envidia» cada náufrago deber tener claro el proyecto de vida que desea para saber qué recursos elegir. Pero la relación proyecto de vida/recursos disponibles puede saltar por los aires si alguien queda defraudado y desea pujar de nuevo, circunstancia que no está permitida. Asimilado el artificio de la subasta y su contraste, la «prueba de la envidia», al lector le pueden asaltar dos objeciones: en primer lugar, que el artificio tiene un fallo, ya que el proyecto real – la igualdad de recursos– se intenta justificar como resultado de unas circunstancias que no se han dado en la práctica: la hipotética subasta inicial de cestas de recursos; en segundo, y habida cuenta de la naturaleza de las personas, a la hora de aplicar la «prueba de la envidia» ha de tenerse en cuenta que ciertas envidias no estarán justificadas y otras –las que señalan desigualdades de recursos– sí. Pero aceptar esa diferencia supone volver a empezar. La impresión final que se obtiene es que la subasta es un artificio dialéctico útil tan sólo para ofrecer una explicación aproximada de lo que se entendería en la práctica como una dotación inicial de recursos justa (el autor llega a confesar en la pág. 72 que los «mercados económicos» y numerosas formas de «procesos políticos democráticos» pueden interpretarse como modalidades de subasta). Esa impresión se acrecienta cuando observamos que Dworkin se ve obligado a poner sobre la mesa un nuevo artificio suplementario: el del mercado de seguros. Veamos para qué. La subasta de la isla desierta servía para distribuir cestas de recursos materiales entre los náufragos, pero cada uno de ellos llegó a ella dotado de unos recursos y también de unas carencias personales. Ahora bien, advierte nuestro autor, uno puede asegurarse contra la mala suerte que suponen esas carencias y sus consecuencias futuras. Por lo tanto, el mercado de seguros permitirá a los náufragos, que cuentan ya con sus cestas iguales de recursos, decidir qué riesgos consideran más relevantes y cuánto estarían dispuestos a pagar para asegurarlos y contar así con una fórmula que les permita responsabilizarse de sí mismos. Pero inmediatamente surge una nueva complicación, y es que alguno de los náufragos puede tener defectos innatos cuyas consecuencias futuras son imprevisibles, siendo por lo tanto difíciles de asegurar. Pero resulta que la isla no estaba tan desierta –o que el subastador tiene más funciones de las que se suponía–, pues surge un gobierno previsor capaz de descubrir cómo se habrían asegurado los náufragos caso de ser conscientes de esas deficiencias innatas, y dispuesto a compensarlos por el importe del capital asegurado menos las primas debidas por el seguro. Si uno se pregunta quién pagará las primas de esta segunda clase de pólizas, no obtiene una respuesta clara, salvo la afirmación de que lo harán los afortunados nacidos sin deficiencias. Pero, ¿cómo, si sus consecuencias únicamente se revelarán en el futuro? ¿O es que se aceptan traspasos intergeneracionales de responsabilidades? ¿Tal vez el gobierno posee esa presciencia? No olvidemos, por último, que el talento es también un recurso personal aun cuando ignoramos qué ganancias nos proporcionará. La solución propuesta por Dworkin es otro hipotético mercado de seguros en el cual el asegurado, conociendo cuál es la distribución de la renta en su sociedad, pero ignorando en qué nivel se encontrará, se cubre contra la posibilidad de no ganar la renta que le correspondería en función de su talento y de la distribución de la renta en el país. Dos detalles adicionales: las primas variarán en función de los niveles de cobertura elegidos y se satisfarán con los futuros beneficios, pero no con los recursos inicialmente asignados. Esa política aseguradora hará que la gente modere su estimación de los beneficios esperados de sus talentos y que se consiga una estructura progresiva entre primas pagadas y capitales asegurados. Lo cual, trasladado al mundo real, equivale a que la subasta ideada por Dworkin para neutralizar nuestras diferencias de talentos es extrañamente parecida a la combinación de un salario mínimo garantizado y un impuesto progresivo de la renta. Al final, los artificios de la igualdad de recursos impersonales, de la «prueba de la envidia», de la subasta y de los mercados de seguros para cubrir desigualdades originadas por recursos personales tales como las deficiencias y los talentos, se revelan como lo que son: construcciones teóricas más o menos ingeniosas pero que no resisten la prueba de su traducción a la realidad. Y no la resisten porque en el momento de la subasta de recursos impersonales carecemos de un proyecto clarividente y definido de cómo y para qué los utilizaremos, porque la suerte y la diferencia de cualidades personales alterarán inevitablemente la igualdad de recursos impersonales inicialmente obtenida, habida cuenta que siempre resultará muy tenue la frontera entre envidias justificadas e injustificadas; en conclusión, el artificio propuesto falla porque la subasta dworkiniana está muy lejos del rigor de su supuesto modelo –la walrasiana–, se aleja de los «estados óptimos» de Debreu –que reposan en la continuidad de cambios adecuados en la producción, los consumos y las preferencias– y su «test de la envidia» resulta un pálido remedo de los óptimos paretianos. Y es que, como acertadamente se pregunta K. Anthony Appiah en su reseña del libro, «¿no preferiríamos un sistema que permitiese una cierta reasignación a posteriori o garantizase un nivel de prestaciones sociales, incluso si tuviésemos idénticos talentos, sencillamente porque podemos tener diferente suerte?»2. Llegados a este punto, a Dworkin únicamente le queda una pregunta que responder aunque, eso sí, esencial: ¿qué es lo que realmente propone igualar y para qué? Aceptemos que su propuesta es igualar nuestras carencias por medio de un mecanismo de seguro que nos resarza de sus efectos negativos sobre nuestras vidas o admitamos que, en realidad, no se propone igualar nuestros diferentes talentos, sino nivelar sus consecuencias económicas. Pero la cuestión sigue siendo para qué, y la respuesta que él ofrece es la comunión en una concepción concreta del liberalismo, que califica como «igualdad liberal» y que explica afirmando «que libertad, igualdad y comunidad no son tres virtudes políticas diferentes y a veces en conflicto entre sí […] sino aspectos complementarios de una única visión política, de tal forma que no podemos asegurar o ni siquiera comprender uno cualquiera de esos tres ideales políticos aislado de los restantes» (pág. 237). Dicha concepción liberal considera que somos responsables de llevar una «vida buena» y que esa clase de vida –concebida como «un reto»– lo es en tanto y cuanto constituye una respuesta apropiada a las diferentes circunstancias en que se lleva a cabo. Instalado Dworkin en el familiar terreno de las relaciones entre ética y política, tan caro a Platón y a Aristóteles –que siguen teniendo los derechos de autor de lo que significa ser un «buen ciudadano»–, se adentra en una más de sus elaboradas distinciones. En este caso se trata de diferenciar cuáles de nuestras circunstancias operan como «parámetros» (o criterios definidores de qué debemos entender por «vida buena») y cuáles como «límites» o «limitaciones» (obstáculos que hemos de vencer para conseguir ese ideal de vida establecido por los parámetros). En principio, los parámetros son responsabilidad de cada uno –de su «personalidad ética», en la terminología dworkiana– y el Estado haría bien en no interferir con sus propósitos igualitarios. Pero el problema no es tan sencillo, pues conecta inmediatamente con las anteriores matizaciones sobre «carencias» y «talentos», y nos lleva a preguntarnos si, en pos de la igualdad, el Estado debe intervenir y compensar por las carencias que son limitaciones –¿me compensará por carecer de la habilidad de Ferrán Adrià para cocinar?–, así como redistribuir los talentos que constituyen parámetros –¿cómo distribuir el genio musical y la voz de Teresa Berganza? Aun cuando Dworkin ha sido criticado por usar y abusar del empleo de teorías en exceso ambiciosas al analizar cuestiones de derecho constitucional3, el lector sentirá un considerable alivio cuando comience la segunda parte del libro, en la cual el profesor americano examina las cuestiones prácticas a la luz de su ideal de justicia: por ejemplo, con la salud y el elevado coste de su suministro a todos los ciudadanos, preguntándose cuál debería ser el nivel mínimo de cobertura que incluso los más pobres deben en justicia tener asegurado, pues una vez admitida la necesidad de racionar recursos médicos, como él hace, lo relevante es el criterio para llevarlo a la práctica, ya que una visión igualitaria nos diría que los cuidados médicos deben dispensarse de acuerdo a las necesidades y no en función del dinero que los pacientes, o sus familiares, tengan. Dworkin afirma que en su país, al igual que en la mayoría de las naciones prósperas, se adoptan decisiones que probablemente los pacientes no tomarían si fuesen ellos quien eligiesen y pagasen. Para corregir tal situación propone el llamado «ideal de seguro prudente», consistente en que cada ciudadano con una renta media pueda adquirir en el mercado una póliza de seguros que le cubra una gama de servicios médicos. Este expediente presentaría dos ventajas: primera y fundamental, pondría de relieve que en nuestras prósperas sociedades no existe todavía un sistema de sanidad universal, ya que hay personas privadas de ese conjunto de servicios médicos de carácter general, y, segundo, contaríamos con un criterio que permitiría establecer límites racionales a los gastos médicos excesivos, límites que no podríamos considerar como compromisos con un cierto concepto de justicia, sino consecuencias de la misma. El expediente del seguro, que resultará esencial para su teoría de la igualdad de recursos, vuelve a ser utilizado por Dworkin para aplicar su concepto de justicia a cuestiones tales como el seguro de paro y la herencia, entendida también en el sentido de tener «la mala suerte» de nacer en una familia con pocos o nulos recursos; situaciones en las cuales resultan trascendentes conceptos como las «elecciones» y las «circunstancias», que ya nos son de sobra conocidas. Así provisto, y después de despachar sumariamente los conceptos utilitario y rawlsiano de la justicia, pasa Dworkin al estudio de la aplicación del mecanismo de seguro al paro y la «mala suerte» de nacer en una familia pobre. Si partiésemos de una situación ideal en la cual cada ciudadano contase con un nivel de riqueza y unas oportunidades equitativamente distribuidas y se les diese la posibilidad de contratar una póliza que ofreciese unos ingresos estipulados de antemano u obtener una renta inferior a la asegurada, todos deberíamos convenir que a nadie se le está tratando injustamente, puesto que recibiría lo que voluntariamente contrató. Es decir, si resultase posible diseñar una póliza de seguro de paro que cualquier americano medianamente sensato suscribiese, se habría definido el núcleo básico de prestaciones que el Estado debería facilitar en este capítulo de gastos sociales. Pero, ya en esta sencilla aplicación, el mecanismo de seguro comienza a suministrarle quebraderos de cabeza a Dworkin que, unas páginas después (págs. 334-338), se ve obligado a discutir en detalle nada menos que cuatro modalidades de pólizas de seguro. A ello se añade el reconocimiento de que, si bien el expediente de la póliza de seguro pretende igualar a la gente en sus riesgos «ex ante» de mala suerte pero no en sus circunstancias «ex post», una vez que esa mala suerte se ha materializado, sus resultados pueden requerir mecanismos adicionales y tan conocidos como los impuestos, aun cuando es dudoso que los esquemas de seguros ofrezcan idénticos resultados que los impuestos concebidos para redistribuir riqueza. Quedarían por comentar otras cuestiones lúcidamente estudiadas por Dworkin en esta obra. Cuestiones referentes, por ejemplo, a la libertad de expresión y las dimensiones de la democracia, los avances genéticos o el aborto y la eutanasia ––que ya habían sido analizados en un anterior libro traducido al español4–, le sirven para hacer un repaso crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense, lo que no le impide reconocer que las interpretaciones del máximo órgano jurisdiccional se basan en una visión nada desdeñable: a saber, que los jueces deben ponderar cuidadosamente los principios de moralidad política que subyacen en la historia nacional, puesto que esos principios pueden identificarse mediante análisis de ámbito más o menos general, pero no deben ampliar esa formulación más allá de lo requerido por una interpretación razonable, pues en tal caso corren el riesgo de suplantar aquéllos por sus propias opiniones. Concluyamos. Las tesis igualitarias que impregnan el libro de Dworkin abonan en los albores del siglo XXI viejas raíces que se hunden en la historia del pensamiento político, comenzando por el comunismo elitista de los guardianes platónicos de La República y su creencia en los efectos perniciosos de la riqueza sobre el buen funcionamiento del gobierno, además de la comunidad cooperativa de Tomás Moro y las disquisiciones de Rousseau sobre la desigualdad en El contrato social. Dworkin edifica sus teorías sobre la doble base del liberalismo y el utilitarismo ingleses, pero remoza una visión platónica –a la cual a la vez apela y pretende distanciarse en este libro – según la cual la moral y el bienestar se integran en una ética caracterizada por dos facetas: la que gobierna nuestra vida privada y la que rige la esfera política. Si la virtud es conocimiento, como afirmaba Platón, se comprende bien el afán de Dworkin por destacar que nadie puede ni debe asentar su propia vida sobre la realización de actos socialmente injustos. Al cerrar el libro, muchos lectores tendrán la sensación de haber terminado una obra que se propone responder lúcidamente a la pregunta que hoy en día más debe preocupar a las sociedades democráticas y prósperas del planeta: cómo seguir avanzando en la senda de la igualdad sin poner en peligro la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos. Después de experiencias como las ofrecidas por los regímenes y sociedades comunistas en el transcurso del siglo XX, para la inmensa mayoría de los ciudadanos de esas sociedades muy probablemente primará la libertad sobre la igualdad y rechazarán cualquier intento de hacer más igualitarias sus sociedades si ello implica retroceder, siquiera sea mínimamente, en el camino de las libertades obtenidas. Para los lectores que comulguen con esa opinión, el ideal igualitario de Dworkin puede interesarles teóricamente, pero probablemente preferirán sus análisis jurídicos sobre cuestiones prácticas y confiarán, como él, en que el camino hacia la igualdad debe recorrerse lo más rápidamente que permita la preservación de la libertad general. Se trata, en definitiva, de defender una libertad positiva, que predique la intervención del gobierno para eliminar los obstáculos opuestos al más perfecto desarrollo de sus ciudadanos y a la mejora constante de su nivel de vida como ejemplo de la igualdad a conseguir.

1. David Miller, «Beetroot are not the only fruit», Times Literary Supplement, 22 de septiembre de 2000, pág. 13, y Ronald Dworkin y David Miller, «Equality – An exchange», ibidem, 1 de diciembre de 2000, págs. 15-16.
2. K. Anthony Appiah, «Equality of What?», The New York Review of Books, 26 de abril de 2001, págs. 63-68.
3. Cass R. Sunstein, Designing Democracy,What Constitutions Do, Nueva York, Oxford University Press, 2001.
4. Ronald Dworkin, Life´s Dominion, Nueva York, Knopf, 1993; existe versión española: El dominio de la vida, Barcelona, Ariel, 1994. Nota: En el próximo número publicaremosla segunda parte de este artículo, donde se reseñan los libros de Robert William Fogel y Mancur Olson.
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Author(s): Robert J. Barro, Xavier Sala-i-Martin
Publisher: The MIT Press
Date     : 2003
Pages    : 672
Format   : PDF
OCR      :
Quality  :
Language : English
ISBN-10  : 0262025531

This graduate level text on economic growth surveys neoclassical and more recent growth theories, stressing their empirical implications and the relation of theory to data and evidence. The authors have undertaken a major revision for the long-awaited second edition of this widely used text, the first modern textbook devoted to growth theory. The book has been expanded in many areas and incorporates the latest research.

After an introductory discussion of economic growth, the book examines neoclassical growth theories, from Solow-Swan in the 1950s and Cass-Koopmans in the 1960s to more recent refinements; this is followed by a discussion of extensions to the model, with expanded treatment in this edition of heterogenity of households. The book then turns to endogenous growth theory, discussing, among other topics, models of endogenous technological progress (with an expanded discussion in this edition of the role of outside competition in the growth process), technological diffusion, and an endogenous determination of labor supply and population. The authors then explain the essentials of growth accounting and apply this framework to endogenous growth models. The final chapters cover empirical analysis of regions and empirical evidence on economic growth for a broad panel of countries from 1960 to 2000. The updated treatment of cross-country growth regressions for this edition uses the new Summers-Heston data set on world income distribution compiled through 2000.

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3. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO

EL CRECIMIENTO ENTRE 1940 Y 1980

En los 30 años que transcurrieron entre 1940 y 1970 la economía mexicana mostró un comportamiento excepcional en materia de crecimiento. Destaca el periodo entre 1954 y 1970 en el que ese crecimiento ocurrió en un contexto de gran estabilidad macroeconómica, la etapa del llamado “desarrollo estabilizador”. En ese periodo, el producto interno bruto creció a tasas cercanas al 7 por cierto anual.

En la década de los setenta, la estrategia que había seguido la economía mexicana mostró signos de agotamiento. Un primer diagnóstico indicó que era necesario mantener altos niveles de inversión y buscar políticas más explícitas de redistribución de la riqueza en lo que se denominó la estrategia de “desarrollo compartido”. Para mantener el ritmo, se incrementó la inversión pública y se ampliaron los programas sociales a través de un mayor déficit en las finanzas públicas. El entorno externo, que había favorecido el desarrollo en las décadas anteriores se volvió más hostil. El embargo petrolero de 1973 y el abandono del sistema de Bretton Woods cambiaron radicalmente el contexto financiero de la economía mexicana.

EL CRECIMIENTO ENTRE 1980 Y 2003

A principios de la década de los ochenta, los términos de intercambio mostraron un importante revés y el gobierno mexicano no tuvo más remedio que iniciar un fuerte proceso de ajuste fiscal. En 1982, México detonó la crisis de la deuda externa latinoamericana. El resto de la década se dedicó a continuas renegociaciones que no lograron restablecer la capacidad de gestión del gobierno hasta 1990 en que se concretó un acuerdo definitivo sobre la deuda, que además de renegociar el esquema de pagos incorporó una condonación parcial.

La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios de 1994 simboliza una nueva etapa de política económica marcada por la institucionalización de la apertura comercial. Sin embargo, a finales de ese mismo año, México sufrió de nuevo una fuerte crisis financiera. El gobierno fue incapaz de enfrentar vencimientos de deuda de corto plazo denominada en dólares. La crisis provocó una aguda caída del ingreso nacional y una nueva espiral inflacionaria. La credibilidad en las políticas públicas adoptadas entre 1985 y 1994, incluyendo a la apertura comercial, las privatizaciones y el redimensionamiento del aparato económico gubernamental, se debilitó.

A pesar de lo severo de la crisis, las exportaciones mexicanas respondieron más rápidamente al ajuste cambiario que en el pasado, gracias al Tratado de Libre Comercio. Ello dio un mayor margen de maniobra al país en la generación de divisas y la deuda externa se pudo reestructurar rápidamente. El paquete de ayuda financiera acordado con el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional se pagó de manera anticipada y la economía mexicana retomó una senda de crecimiento a partir del cuarto trimestre de 1995.

En 2000, la ciudadanía decidió que era momento de un cambio de partido en el poder y llevó el PAN a la Presidencia de la República. El cambio de administración se dio sin contratiempos y sin que apareciera el fantasma de las crisis de fin de sexenio que afectaban a la economía mexicana desde 1976. Sin embargo, por razones ajenas al cambio político, entre las que destaca la desaceleración de la economía mundial, el crecimiento se detuvo. La tasa de crecimiento promedio del PIB real entre 2001 y 2003 ha sido inferior al 1 por cierto. La creación de empleos ha sido insuficiente y las expectativas de mayor bienestar de la población no han sido satisfechas.

UN BALANCE DE LA ECONOMÍA MEXICANA: 1980-2003

Crecimiento per cápita, desigualdad y pobreza

En la etapa más reciente de su historia, el crecimiento económico de México ha sido claramente insatisfactorio. Entre 1980 y 2003, el Producto Interno Bruto por habitante prácticamente no se ha movido (al cierre de 2003 es aproximadamente de 6 mil dólares anuales por persona).

Adicionalmente, la desigualdad y la pobreza han aumentado. El coeficiente de Gini –una medida de la desigualdad que tiene un valor máximo de uno y uno mínimo de cero, correspondiente a la total igualdad– pasó de 42.5 en 1984 a 48.1 en 2000. El porcentaje de hogares en pobreza moderada –con ingresos menores a 2 dólares diarios– aumentó al pasar de 30% en 1984 a 33% en 2000. Es además alarmante que el día de hoy el 89% de los hogares del decil más pobre de la población no cuente con acceso a la seguridad social.

El ahorro también está sesgado significativamente. La tasa de ahorro del décimo decil de ingreso (el decil de mayores ingresos) representa aproximadamente el 75% del ahorro privado total, mientras que las tasas de ahorro de los primeros cuatro deciles son negativas. Más gravemente, esta situación ha cambiado poco en los últimos 20 años.

Por otra parte, el nivel de vida por entidad federativa en México refleja una clara desigualdad de capacidades y oportunidades. Mientras que en las zonas metropolitanas más prósperas el PIB per cápita es de aproximadamente 14 mil dólares, en los estados de bajos ingresos del Suereste apenas alcanza los 2 mil dólares.

Sin embargo, esto no necesariamente significa que la calidad de vida en las regiones de mayores ingresos sea satisfactoria o haya mejorado. Por ejemplo, el número de denuncias por robo ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años en las grandes ciudades. Además se han observado un creciente deterioro del medio ambiente, un desarrollo urbano desordenado y congestionamientos viales cada día mayores, entre otros factores que disminuyen el bienestar.

Al mismo tiempo han aumentado las actividades informales (que incluyen el ambulantaje y las actividades sin registro y sin local), con los consecuentes costos sociales asociados a ellas. En las 16 ciudades más importantes del país, estas actividades han alcanzado ya al 24% de la población económicamente activa y han mantenido una tendencia creciente desde principios de los noventa.

Algunos avances nada despreciables: Estabilidad macroeconómica, superación de crisis y exportaciones

A pesar de que el PIB per cápita no ha mejorado, en un balance de la economía mexicana a partir de 1980, es conveniente mencionar que ha habido avances en ciertos sectores y –quizá más significativamente– que se superó rápidamente la crisis económica más grave de la historia moderna del país. En este contexto, la estabilidad macroeconómica con la que hoy contamos –en gran parte sustentada en la autonomía del Banco de México–, la institucionalización de la apertura comercial como promotora de una mayor eficiencia productiva a través del TLC y otros acuerdos comerciales, la reforma del sistema de pensiones de asegurados al IMSS, la introducción de programas sociales efectivos, y la creación y consolidación del Instituto Federal Electoral, son sólo algunos ejemplos de políticas públicas que han beneficiado a la sociedad.

En el caso de la estabilidad macroeconómica se relevante el hecho de que la inflación anual se ha reducido de un máximo de 159% en 1987, a niveles cercanos al 4% como ocurre actualmente.

También destaca que después de la pronunciada caída del PIB en 1995, de 6.2% –la mayor en más de 60 años–, la economía mexicana se haya recuperado rápidamente y crecido más de 5% en promedio anual entre 1996 y 2000.

En el manejo de las finazas públicas resalta el hecho de que se haya mantenido un superávit primario promedio positivo –superior al 1.7 por cierto– entre 1983 y el momento actual, lo que refleja una constante disciplina en el manejo del presupuesto federal.

Finalmente, en el ámbito de la actividad del comercio internacional, la apertura de México –medida por el cociente de exportaciones más importaciones entre el PIB– ha pasado del 20% en 1980 a cerca de 60% en la actualidad. Al mismo tiempo, las exportaciones no petroleras han aumentado del 26% de las exportaciones totales en 1982 a alrededor del 90%, eliminando la dependencia monoexportadora que ha aquejado a las economías latinoamericanas a lo largo de su historia independiente. [1]

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[1] Del libro: ¿Por qué no crecemos? Hacia un consenso para el crecimiento en México: Reflexiones de 54 economistas. Sin editorial. México 2004.

2. EL ORIGEN Y LAS CAUSAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

LAS IDEAS SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

¿Cuáles son las principales ideas económicas para entender y mejorar el proceso de crecimiento y cómo han influido sobre las políticas públicas contemporáneas? Durante el último medio siglo, el debate sobre el crecimiento se ha centrado en argumentos que pudieran sintetizarse en tres ideas principales: 1) El aumento en la producción se deriva de la acumulación de factores; 2)El progreso tecnológico impulsa el crecimiento; y 3) El crecimiento responde endógenamente a factores institucionales e históricos, así como al marco de incentivos para la adopción y substitución de métodos productivos.

Primera idea:

El aumento en la producción se deriva de acumulación de factores.

Para explicar el crecimiento, la ciencia económica se concentró inicialmente en la noción de que la acumulación de factores, principalmente el capital, es fundamental para detonar ese proceso. Si se cumple el supuesto de una contribución adicional constante de la inversión a la producción potencial de un país, la conclusión de política económica es que lograr un crecimiento equilibrado requiere de un monto de inversión que mantenga a la economía en una senda de pleno empleo. Dicho de otra manera, el crecimiento del producto es proporcional al crecimiento del acervo de capital. En el corazón de muchos modelos nacionales de programación financiera se sigue manteniendo esta estructura básica. Comúnmente se realizan cálculos simples sobre qué monto de inversión es necesario para alcanzar una determinada tasa de crecimiento.

Sin embargo, la extrapolación indiscriminada de estas ideas conlleva un peligro de establecer metas de inversión como porcentaje del PIB como si esto bastara para lograr el crecimiento deseado. Sin embargo, no es así de simple. ¿Cuántas veces ha ocurrido que se llega a financiar un determinado monto de proyectos para descubrir poco tiempo después que no resultaron ser tan productivos como se esperaba?

Segunda idea:

El motor del crecimiento económico es el progreso tecnológico

A finales de los cincuenta se estableció en el análisis económico una metodología que permite descomponer al crecimiento en tres elementos: la acumulación de capital, el aumento en la cantidad de trabajo, de preferencia distribuido entre “fuerza de trabajo” y “capital de trabajo” y el cambio tecnológico. En los países desarrollados se observó que el mayor crecimiento del producto por habitante se explicaba por un “residuo tecnológico” y no sólo por la acumulación de capital.

Sin embargo, en un contexto global, al analizar la evidencia sobre el crecimiento entre diversos países esta idea no permite explicar cabalmente los hechos principales. Un supuesto básico detrás de ella es que la tecnología fluye libremente entre los diversos países y que el factor tecnológico debía estar relacionado con la investigación básica que permeaba en todas las aplicaciones productivas del capital. Si la tecnología estuviera disponible en forma libre, tendría que ser  cierto que los niveles de vida de los habitantes de todo el mundo convergirían. Las diferencias en dotaciones de capital debían al mismo tiempo reflejarse en grandes diferencias en la tasa de rentabilidad de los factores. Estos hechos no se observan en la realidad y requieren explicaciones alternativas.

Tercera idea:

El crecimiento responde endógenamente a factores institucionales e históricos, así como al marco de incentivos para la adopción y substitución de métodos productivos.

Las divergencias entre las predicciones de la teoría económica y lo observado en la experiencia internacional abrieron una nueva avenida de investigación; era necesario explicar las diferencias en los niveles de bienestar de los países atribuibles al hecho de que la tecnología, al pareer, no fluye libremente de un lugar a otro. Una explicación atractiva es que el aprendizaje en los procesos productivos genera discrepancias sostenibles en esos niveles de bienestar. La historia y las instutuciones pueden afectar al crecimiento económico. Por ejemplo, si un país desarrolla agentes productores de tecnología (por ejemplo, las universidades) que trabajan en forma complementaria a la acumulación de capital humano, se produce un círculo virtuoso que acelera el crecimiento. Esto puede explicar una parte de las diferencias en los niveles de vida de los países. Una explicación complementaria se basa en la noción de que a través de la competencia entre un número reducido de empresas, en la búsqueda de capturar los beneficios oligopólicos se impulsa la generación de nueva tecnología.

Asçi mismo, como fue recalcado en el Seminario de Huatusco, la historia y el presente de las instituciones políticas y legales, entre otras, inciden poderosamente sobre el crecimiento. No en balde la literatura económica han vuelto a ponerse de moda los estudios que relacionan a la Economía con el Derecho y la Política, entre otras disciplinas afines.

Relevancia de las ideas económicas sobre el crecimiento para las políticas públicas.

Es imprescindible que el marco general de las políticas públicas sea adecuado y capaz de dar certidumbre para que las inversiones que alientan el crecimiento –generalmente de largo plazo– puedan materializarse. Esa relativa certeza para enmarcar la toma de decisiones de los agentes económicos y la confianza en un orden económico eficiente y justo son el sustento de procesos de crecimiento sostenidos, que perduran y se adaptan mejor a los cambios en las circunstancias.

En contraste, la inestabilidad financiera, la desigualdad, la mala educación, la precariedad de la salud, y la ausencia de un pleno Estado de Derecho, entre otros factores vinculados con malas políticas públicas nacionales , pueden inhibir los procesos de inversión y con ello el crecimiento económico. La inflación, por ejemplo, además de ser profundamente inequitativa al afectar más a quienes no pueden protegerse de sus nocivos efectos sobre el poder adquisitivo, impide la toma de mejores decisiones al desviar recursos productivos hacia usos de menor rentabilidad social y al reducir la cantidad real de crédito que el sistema financiero puede ofrecer. La evidencia internacional apoya la tesis de que la estibilidad está asociada de manera positiva con el crecimiento.

El crecimiento también puede obstaculizarse a través de las distorsiones que genera un sistema fiscal mal diseñado, por las trabas burocráticas para crear y cerrar empresas, el proteccionismo a ultranza a costa de los consumidores nacionales y una inadecuada regulación de sectores en los que se pueden manipular los precios, en tre otras políticas públicas que impiden una mejor asignación de los recursos económicos.

Pero el crecimiento también depende de un sistema legal sólido y un marco institucional adecuado que garanticen los derechos económicos de la sociedad. La evidencia empírica internacional muestra que la mayoría de las experiencias de crecimiento sostenido durante largos periodos han estado acompañadas por el cumplimiento del Estado de Derecho y la presencia de instituciones legales eficaces.

El proceso político influye también en la factibilidad de adoptar mejores políticas públicas y, en consecuencia, sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, no menos importante que conseguir que funcionen las medidas económicas y las instituciones legales, es que la política conduzca a los acuerdos necesarios que impulsen el crecimiento.

En síntesis, el crecimiento económico depende fundamentalmente del continuo aumento en la cantidad y sobre todo la calidad de la fuerza laboral, la expansión de los acervos de capital humano y físico, la rentabilidad de las nuevas inversiones, la innovación tecnológica y las mejoras en la productividad factorial total, que el sistema económico, político e institucional hagan posible. Las políticas públicas, al modificar el marco de incentivos para la toma de decisiones que conducen a ese proceso de creación de riqueza nacional, pueden influir significativamente en el patrón de crecimiento económico. [1]

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[1] Del libro: ¿Por qué no crecemos? Hacia un consenso para el crecimiento en México: Reflexiones de 54 economistas. Sin editorial. México 2004.

1. ¿POR QUÉ NO CRECEMOS?

LA PREGUNTA DE HUATUSCO

El presente documento intenta resumir criterios y reflexiones que condujeron a lo que llamamos el Consenso de Huatusco. El contexto en el que llegamos a ese acuerdo básico parte de una preocupación generalizada por el escaso crecimiento económico de México dutante los últimos 20 años.

En efecto, los economistas interesados en el proceso de crecimiento de México nos hemos preguntado con creciente frecuencia ¿por qué no hay?, ¿por qué no ha habido en un largo tiempo, un aumento sostenido y equilibrado de la producción, el ingreso nacional y el bienestar?, ¿cuál es la relación y los canales a través de los cuales nuestros arreglos institucionales, políticas públicas, estructura demográfica y marco de incentivos económicos, afectan el crecimiento? Más específicamente, ¿cuál ha sido la conexión conceptual y empírica entre el proceso de crecimiento mexicano en las décadas recientes, por un parte, y la naturaleza y respeto al Estado de Derecho, la democracia, las políticas de Estado, el papel del gobierno, la educación, la distribución del ingreso, la libertad de comercio, el tamaño y la composición de la población, las estructuras de mercado y el ahorro interno, entre otros factores y variables que pueden afectar al crecimiento, por la otra?

Para tratar de contestarnos esas interrogantes, sugerir mejores arreglos para el crecimiento y proponer políticas públicas para aliviar a nuestro país de su ya crónico estancamiento, entre el 5 y el 7 de junio de 2003, 54 especialistas en economía con amplia experiencia académica, en el servicio público y en el ejercicio independiente de nuestra profesión, nos reunimos en Huatusco, Veracruz, con el fin de debatir en torno a esa pregunta ¿Por qué no crecemos?

En Huatusco concentramos la atención en el crecimiento económico pues si bien crecimiento no es lo mismo que desarrollo, crecer es indispensable para mejorar los niveles de bienestar y apoyar a la población de menores ingresos. Obtener los recursos para este fin se facilita en una economía que crece, ya que ello evita las dolorosas disyuntivas presentes en una economía estancada. Sin crecimiento, atender las necesidades más urgentes y las de quienes menos tienen significa sustraer recursos de alguien más; el proceso puede llevar a la confrontación y resultar en parálisis.

En un país como el nuestro, no es exagerado afirmar que no crecer durante un periodo largo tiene consecuencias graves para las generaciones presentes y futuras. En lo económico, la falta de ingresos, de empleos y oportunidades significa menor consumo familiar y también menor inversión en educación, salud, infraestructura física y cuidado del ambiente, lo que repercute pronto en una economía más débil y un entorno desatendido. En lo social, los tejidos se desgastan y se genera una sensación de desánimo, acentuada por las crecientes desigualdades que se manifiestan más agudamente en el estancamiento. En lo político, los acuerdos se dificultan por la falta de recursos públicos para atender demandas ciudadanas, particularmente en una cultura democrática incipiente que inhibe la negociación y promueve la crítica entre los distintos grupos de interés.

Por ello, la pregunta de Huatusco es pertinente para México. Durante las dos últimas décadas, el desempeño económico no ha permitido generar los satisfactores para incrementar el nivel de vida promedio de la población. Los economistas reunidos en Huatusco pensamos que entre las causas del escaso crecimiento observado destacan las siguientes:

1. Baja productividad de la inversión.

2. Ineficiencia del sistema de intermediación financiera.

3. Escaso aprovechamiento de la apertura comercial.

4. Debilidad del mercado interno.

5. Insuficiente creación de empleos formales.

6. Educación inadecuada.

7. Desigualdad de oportunidades.

8. Insuficiente innovación tecnológica.

9. Un gobierno económicamente débil, propenso al financiamiento inflacionario y con una agenda ambigua y deficiente.

10. Incapacidad política para llegar a acuerdos democráticos y establecer políticas públicas eficaces.

11. Debilidad del Estado de Derecho.

Sin menospreciar los factores externos, la relación anterior es en esencia producto de que han fallado sistemáticamente, o simplemente no han existido, las políticas públicas para retomar el rumbo del crecimiento y el desarrollo económico. En consecuencia, un segmento creciente de la población resiente ya la reducción de ingresos, que provoca el deterioro de sus aspiraciones de largo alcance y la pérdida de calidad en aspectos tangibles de su vida cotidiana.

Urgen entonces respuestas que guíen políticas públicas deseables y posibles, para volver a crecer. Hoy se puede tratar de responder mejor a esa interrogante, partiendo de un diagnóstico objetivo e imparcial, con el fin de entender la naturaleza del proceso de crecimiento de México. A partir de un mejor entendimiento del estancamiento que nos aqueja es posible sugerir alternativas para reemprender el crecimiento económico, y ofrecer soluciones al principal problema nacional de la actualidad: la falta de crecimiento económico.

EL ESPÍRITU DE HUATUSCO

En este contexto, el espíritu de Huatusco consistió en el ambiente constructivo y de diálogo que animó a economistas de todo el espectro: desde los jóvenes hasta los maduros, los de “izquierda” y los de “derecha”, los “académicos” y los “políticos”, los “teóricos” y los “pragmáticos”, para revisar experiencias, analizar resultados, explorar nuevas posibilidades y ratificar principios para un conjunto de políticas públicas a favor del crecimiento, que faciliten el aprovechamiento eficiente de los recursos y promuevan la equidad en la distribución de oportunidades.

El espíritu de Huatusco le hace falta a México. Las diferencias de ideas y antecedentes no deben ser obstáculo para la búsqueda profesional de un objetivo común: contribuir a la construcción de un México más justo y más próspero.

Aunque no todos los participantes estamos en total acuerdo con cada una de las ideas expuestas en este documento, todos coincidimos en la importancia del crecimiento y en lo deseable de un esfuerzo permanente para entenderlo y mejorar el futuro económico de México. Por ello, un comité de redacción elaboró este documento basándose en las ideas expuestas por los participantes en el Seminario asi como en los consensos logrados. Para ello analizamos primero los antecedentes conceptuales mínimos para el planteamiento de la pregunta central del ejercicio, ¿por qué no crecemos?; resumimos a continuación los elementos analíticos y empíricos para diagnosticar y ofrecer un bosquejo de la naturaleza del proceso de crecimiento en México en años recientes, y finalmente proponemos los consensos básicos que se derivan de esa revisión.

En el futuro inmediato será necesario acordar y definir estrategias de gobierno, paquetes legislativos, presupuestos, planes de inversión, propuestas ciudadanas, plataformas políticas y diversas acciones que den forma y contexto a las políticas públicas en nuestro país. Esperamos que las principales líneas de argumentación y, sobre todo, los consensos que alcanzamos en Huatusco contribuyan a facilitar estos procesos. Es importante reconocer que en estos momentos en los que se debaten intensamente diversas propuestas de política pública, un grupo heterogéneo de profesionistas puede ponerse de acuerdo en puntos de partida fundamentales, sin los cuales no sería posible sumar experiencias y criterios, que contribuyan a un anhelo que no por trillado es menos válido. un mejor México. [1]

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[1] Del libro: ¿Por qué no crecemos? Hacia un consenso para el crecimiento en México: Reflexiones de 54 economistas. Sin editorial. México 2004.

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“Obra sólo como si la máxima de tu acción fuera a tomarse por tu voluntad en ley universal”.

–E. Kant

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

Entorno a la ciencia económica se han concebido distintas definiciones que históricamente pueden considerarse como cambiantes, por ello, es difícil si no imposible, colocar a la economía en una parcela ideológica-conceptual que pueda rotularse y mantenerse incólume, absoluta. De ello deriva el hecho que la labor intelectual, tanto teórica como práctica, deba adecuarse constantemente conforme el acervo de conocimiento permita repensar y recrear las ideas que conforman el pilar de la fenomenología económica. La mejor comprensión de esta develación, ciencia, o como se le guste llamar, trae como consecuencia la adquisición de conciencia por parte del ser humano. ¿Cómo puede relacionarse el hecho económico aislado con el orden social? ¿En qué momento la libertad se muestra a sí misma generadora de estructuras sociales armónicas? En la época clásica los pensadores de la economía indagaban, profundizaban, hasta donde les era posible, en la concepción de la materia que inaugurarían como doctrina social científica, misma que hoy en día entendemos como economía. No siempre fue así. En aquél tiempo únicamente se hablaba de economía política pues la revolución marginalista y sus herramientas matemáticas tendrían que esperar, al menos, poco más de cien años. Así, J.B. Say definía a la economía política como una exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses[1]. En cambio, para Senior se trata de “la ciencia que… [estudia] la naturaleza, la producción y la distribución de la riqueza”[2]. Tomemos también en cuenta a J.S. Mill que en su Principles se ocupa de estudiar la“[…] naturaleza de la riqueza y de las leyes de su producción y su distribución, incluyendo directa o indirectamente la acción de todas las causas por las cuales la condición de la humanidad… se hace próspera o lo contrario”[3]. Por muy precisas o no que puedan parecer estas proposiciones, la quintaesencia de las mismas, en palabras de Schumpeter, es que “subrayan el carácter analítico (científico)”[4] lo cual da cuenta de la toma de conciencia de los primeros ideólogos científicos de la economía.

¿Por qué es importante conocer esto? Uno de aquellos pensadores, a saber, el arzobispo Whately, propuso sustituir el término economía política por ‘catallactics’[5] o catalaxia, misma palabra, concepto griego, que siglos después, Hayek utilizará para definir el orden social espontáneo que surge de las relaciones económicas entre individuos bajo un sistema libre de precios de mercado. Hasta aquí he hecho un breve repaso de la gestación conceptual y teleológica de la economía en la época clásica, por lo que toca el turno al desarrollo del concepto mismo. La catalaxia no se encuentra acotada en términos económicos o políticos y mucho menos se contiene en alguna esfera de características sociales aisladas, como lo puede ser el estudio que la antropología o sociología representan por separado, sino que subyacente al organon de las doctrinas económicas, la teoría del comportamiento humano deja entrever sus primarios atisbos de acción y por ende, su materia de estudio, principalmente psicológica. En su ensayo La naturaleza de las generaciones económicas[6], Lionel Robbins critica el desdén del cual los economistas han sido objeto por parte de las teorías conductivistas en la rama de la psicología; afirma con determinación la independencia de la ciencia económica tanto de aquella disciplina como de toda pretensión histórico-determinista por poder predecir el comportamiento de los agentes económicos, así como del aprendizaje adquirido por inducción histórica, de los errores en el sistema económico. A su vez, amplía el dominio independiente de la economía a límites que se cierran sobre sí mismos, negando explícitamente, que cualquier intento de la ética (y con ello de la moral) por comprender el acto económico pueda repercutir o hacer cambiar el telos, objetivos y medios por los cuales esta ciencia se vale. Doble equivocación. Por un lado, hoy en día es claro que la psicología abre una nueva ventana a herramientas de las cuales la microeconomía ha hecho uso. Por el otro, no es posible pretender aislar un conjunto de conocimientos que precisamente a priori se basa en relaciones de orden histórico y por ende, –e incluso más importante aún y evocando a Adam Smith–, en los sentimientos morales que son base del acto económico. Pues ello es la base de nuestro entendimiento de la economía, no como moralina o doctrina de paz, sino como fenómeno de empatía no hacia los demás por la más pura ética, sino por racionalidad y beneficio intrínseco a las relaciones de interés social.

La catalaxia se basa en el intercambio, en el trueque, y por más rústica que pueda parecer esta palabra es ella la que muestra la dirección por la cual la sociedad se rige. En Hayek[7], es clara la exposición sobre la cual trabaja: el intercambio mutuo tanto de bienes como de conocimiento o información beneficia inconscientemente a las personas que entran en su dominio por lo que no es posible, dado el volumen ingente de conocimiento, que alguna unidad central pretenda homogeneizar las preferencias de los agentes pues, regresando a nuestras primeras preguntas, la libertad de decisión es la que brinda el dinamismo a la colectividad donde cada agente, vela de su propiedad mejor que nadie. Esto es Adam Smith llevado a sus máximas consecuencias (mi egoísmo es tu beneficio). Es falso que se afirme que la economía como la conocemos, contenga en sí misma y en definitiva, los fenómenos que aquejan a la sociedad. Nuestra mente siempre queda expuesta a la interpretación que una ideología predique, –acto que desde ya, es objetable en la medida que tiende al dogmatismo intelectual–, y la falta de conocimiento, la ignorancia respecto de un tema, conlleva una responsabilidad cuando el error se hace presente.

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POLÍTICA Y DOMINACIÓN

Es necesario comprender los límites del conocimiento, los límites de las relaciones sociales y corolario a estas dos condiciones y fenómenos, los límites de la catalaxia. Aunque la experiencia demuestre que en algunas sociedades agrupadas en nación, el orden general espontáneo se extiende en beneficio de sus elementos, no es posible pasar por alto el acto político de Estado. En la contemporaneidad, nos acercamos a la posmodernidad consciente, a la autodefinición del ser que corresponde a nuestra persona, a nuestros allegados y al resto de la población en un lugar y espacio determinados. Con ello, han aparecido teorías que se oponen al positivismo del siglo XIX, teorías cuya fuerza radica en el deconstructivismo humano, en el desacuerdo ante la repetición. Autores como Lyotard, Derrida, Deleuze, Foucault, han influenciado profundamente en el saber teórico y práctico. Pareciera que las tesis pronunciadas por Nietzsche se han cumplido, la irracionalidad ha escapado de su ser circular y se ha desenvuelto a lo largo de forma rectilínea sin certidumbre de conciencia. Por más filosófico que esto pueda parecer, tal vez lejano, tal vez abstracto, es evidente que la catedral de conocimientos positivistas dentro de la cual se engendró el ser económico como hoy en día es estudiado, ha quedado terriblemente rebasada. Este es el pathos de lo no racional, el campo que por mucho tiempo fue negado de las universidades, de los críticos, de la sociedad. Nos encontramos viviendo un período de transición, de cambio, de devenir, de metamorfosis, de acción. Pero nos encontramos con una barrera en el camino, una barrera que no respeta la libertad de decisión, la libertad hacer asequibles nuestras preferencias. Me refiero a la dominación, álgida consecuencia de la naturaleza humana. Como en las novelas de Albert Cohen, en la cuales se describe a los humanos como simios sapientes, el Apolo mecenas que acogía la pequeña semilla de nuestro saber, desaparece y la posesión dionisíaca convive con nosotros día a día, acto con acto. El Estado, la nación, esas consecuencias de la necesidad de un grupo de individuos ante la devastación de una posible confrontación bélica, no puede mantener ya su status quo; representa actualmente la reminiscencia de la belicosidad del pasado. Ante esto, acuñamos nuevos términos, pos-nación, pos-Estado, dada la incapacidad de reconocernos en el presente (aunque aspiremos precisamente a lo contrario), eterno gerundio que proporciona la retícula de seguridad obtenida que perdimos en las guerras mundiales, en el enfrentamiento de naciones. Queremos olvidar nuestros errores. Pese a ello, parece que no es posible olvidar; la organización política enajenada a la democracia gobernada por los legisladores y clase política en general, exhibe sus últimas bocanadas de seguimiento, de continuidad. Recordemos a Hayek en este sentido. El centralismo en su amplia pretensión de control, ve escapar de su injerencia a la máxima distinción de nuestra era: la información. La apertura es tal y tan inconcebible y heterodoxa, (nuevas estructuras formadas, intercambio internacional, tecnologías de vanguardia, etc), que aquel perenne grupo de personas en el poder, antes engrandecido, comienza a balancearse bajo su propio peso y pierde fuerza, se empequeñece ante el conocimiento. Tal es la transferencia del poder del centralismo de gobierno, a la catalaxia o información dispersa, ordenada.

Pese a las teorías de la entropía social, es claro que cuando el error, la inexactitud, el desorden, el caos, logran convivir en el tejido cataláctico, nuestra aprehensión de la realidad completa los vacíos donde se generan las fricciones en el pensamiento y el conocimiento se vuelve unívoco, trascendental. J.S. Mill no se equivocaba al pensar que más allá del empirismo ortodoxo, el conocimiento puede ser adquirido por ensayo y error, por la experiencia histórica, y, si se me permite, quisiera agregar que también por los éxitos de la ciencia y los fracasos de la política, y por los éxitos de la sociedad y los fracasos del dogmatismo. Hoy en día la dominación sigue presente, encontrándonos supeditados a ella en muchos casos. Seguramente se mantendrá así por mucho tiempo, por lo que nuestro orden espontáneo sigue siendo primitivo, pero algo es claro, las bases del mismo están cristalizando.

NOTAS

[1] En Joseph A. Schumpeter. Historia del Análisis Económico. Trad. Manuel Sacristán, Ariel Economía, Barcelona 1995
[2] Ibídem.
[3]  Ibídem.
[4]  Ibídem.
[5]  Ibídem.
[6] En F. Hahn/M. Hollis (comps.). Filosofía y Teoría Económica. Trad. Eduardo L. Suárez, FCE, México 2004
[7]  Para una exposición completa de las ideas de Hayek a este respecto véase, su ‘Nobel Prize lecture’, en: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1974/hayek-lecture.html

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